El anuncio el pasado martes por parte del Ministerio de Justicia de que va a hacer público el listado de los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia Católica que se está elaborando desde el año pasado ha vuelto a poner de actualidad esta práctica no exenta de polémica en los últimos tiempos. En 1998 el Gobierno de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria que data de 1946 y amplió el derecho que ya asistía a la Iglesia Católica a inscribir como propios todo tipo de bienes sin más trámite ni acreditación que un certificado de propiedad emitido por las mismas autoridades eclesiásticas ya que se daba a los obispos la potestad de actuar como funcionarios públicos: la inmatriculación.

Se trata de un procedimiento por el cual todos los inmuebles que no se encuentran en el registro de la propiedad (y por tanto no consta a efectos públicos que sean dominio de nadie) pueden acceder a ser registrados por primera vez, y entre los años 1998 y 2015 -cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley que elimina este privilegio de la Iglesia- la diócesis de Burgos la ha realizado en unos 3.000 bienes de toda la provincia, según explicó a este periódico Rodrigo Saiz, responsable jurídico de Patrimonio del Arzobispado. En esta cifra, advierte, no se incluyen las inmatriculaciones que hayan podido hacer las diferentes órdenes religiosas que existen en la provincia.
En todo este tiempo -y de una forma más intensa a partir de 2004- la Iglesia burgalesa ha ido registrando a su nombre templos, ermitas, cementerios, casas parroquiales, solares, fincas rústicas, etc, de los que se consideraba dueña y, según el propio Saiz, ha sido un proceso «absolutamente tranquilo». Según sus datos, solo en cinco casos se ha tenido que acudir a los tribunales para dirimir de quién era la propiedad de un edificio y se han producido «entre diez y quince fricciones extrajudiciales» vinculadas, sobre todo, a desencuentros a propósito de la propiedad de ermitas, que, quizás, suponen el bien que más quebraderos de cabeza genera en este sentido debido a que muchas se encuentran ubicadas fuera de los entornos urbanos.
Entre los casos que sí requirieron la decisión de un juez destaca el que se produjo en Burgos capital. Como se recordará, el Arzobispado pretendió vender una parcela en Juan XXIII para la construcción de un aparcamiento hasta que el historiador y exconcejal de Izquierda Unida Jesús Ojeda advirtió, acreditándolo documentalmente, que tal terreno no era de la Iglesia sino del Ayuntamiento, que lo había inmatriculado en 1983, a pesar de lo cual la diócesis lo puso a su nombre en el año 2009. Tras verse las caras ambas instituciones en el juzgado y en la Audiencia provincial quedó aclarada la propiedad municipal. Ojeda afirma que no es descartable que cuando el Gobierno publique el listado de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia se puedan producir otros casos así y advierte de que el Ayuntamiento debería ser más cuidadoso con sus propiedades y reforzar la sección de Patrimonio.
Los otros desacuerdos judicializados fueron en las localidades de San Juan del Monte (del partido de Aranda de Duero),  en el que se dio la razón a la Iglesia; Revilla del Campo, en el que se falló a favor del Ayuntamiento; la ermita de San Isidro de Aranda, que la perdió la Iglesia, y en Fuentespina, asunto que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, donde se encuentra en la actualidad.

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