Las tasas abonadas por estas certificaciones varían en función del tipo de acreditación, cuya obligatoriedad se implantó hace 3 años. En el Registro de Castilla y León figuran ya más de 73.000 y Burgos, por tanto, se sitúa en cuarta posición, por detrás de Valladolid, León y Salamanca, donde hay ciudades con más población y/o alquileres.