La Junta considera que los municipios de Castilla y León, por su estructura, no pueden mantener la calidad de los servicios públicos de forma individual, pero sí a través de fórmulas asociativas como las mancomunidades, e incluso advierte que tampoco superarían los controles de suficiencia financiera y perderían la competencia. Así lo explica en respuesta a las alegaciones de las entidades locales en el trámite de audiencia sobre el modelo territorial que ha presentado la Consejería de la Presidencia. El 27,3 por ciento de las 780 propuestas recibidas corresponde a las corporaciones locales.
La respuesta de la Junta a las alegaciones se produce en bloques: competencias de las nuevas mancomunidades, reforma planteada por el Ejecutivo central, pérdida de la autonomía local, servicios prestados por cada administración, personal, nuevas estructuras o defensa de la autonomía municipal y de las entidades locales menores.
Uno bloque de alegaciones cuestiona la nueva reorganización de competencias que se otorgan a los distritos -nominación que se ha cambiado por mancomunidades de interés general como vía para la prestación de servicios en el territorio- y que su implantación sea un paso previo para la fusión y supresión de ayuntamientos. «Se ha creído que es más eficaz y eficiente su prestación mancomunada, que no mantenerlas en el ámbito municipal», explica la Junta.
En tal sentido, recalca que por la estructura de los municipios gran parte de los servicios públicos no podrían prestarse sin la figura de las mancomunidades y subraya que el nuevo modelo se apoya en esa figura, que ya están en la ley de Régimen Local de Castilla y León pero que no se han desarrollado, para aprovechar el ahorro que se produce en economías de escala.
A esta explicación, une otro elemento: el control y suficiencia financiera. La Junta considera que con su modelo se protege a los municipios y se les permite una participación activa en la prestación de servicios deficitarios, que sólo serán eficaces si se prestan de manera mancomunada. Por ello, advierte que muchos municipios perderían competencias si las prestan de manera independiente, al no superar los controles de eficiencia financiera.
Para lograr que los municipios sean auténticos instrumentos de vertebración territorial y garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos de los ciudadanos, la Administración cree que ambos objetivos no se consiguen de manera individual, sino a través de fórmulas mancomunadas. Ante las dudas y rechazo a ese instrumento, Presidencia reitera que no se contempla la supresión de ningún municipio y que se garantiza un núcleo de competencias cercano a los ciudadanos. «Los alcaldes seguirán gobernando y decidiendo el futuro de los intereses de su comunidad local», precisa.