En la recta final del curso la educación, tanto la universitaria como la no universitaria, vive momentos complicados tras el Real Decreto aprobado por el Gobierno central que incluye la subida de tasas, el aumento de horas lectivas para el profesorado, la supresión de estudios o la reducción de las becas.
Sindicatos, asociaciones de padres y de alumnos y el vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, René Jesús Payo, se sentaron en una mesa convocados por el Consejo de Alumnos de la UBU para debatir sobre las consecuencias de esas medidas.
Todos los representantes coincidieron en señalan que es necesario racionalizar el gasto en el actual momento de crisis económica, pero no a costa de meter la tijera en el ámbito educativo. «Es un atropello más del gobierno, que ni siquiera ha llamado a sentarse a la mesa a los rectores para debatir sobre las medidas», indicó Jesús del Cura, secretario de Enseñanza Pública de UGT.
Desde CCOO, su responsable del Área de Educación Pública, Roberto Martínez, lamentó que no haya dinero para educación, pero sí «para salvar a los bancos».
Los universitarios consideran que no es admisible la subida de un 20% de las matrículas en Castilla y León y sus representantes han pedido una entrevista con el consejo de Educación, Juan José Mateos, para abordar este asunto. «Este incremento de las tasas puede restar alumnos porque muchas familias no podrán hacer frente a los pagos de las matrículas. Además, las segundas y terceras matrículas pueden subir hasta un 60%. En las ingenierías es muy difícil aprobar todo, lo que hará que, además de pagar más dinero, no te den beca», apuntó Adriana Cipotria, vicepresidenta del CAUBU.
La preocupación por la merma de estudiantes ha llegado también al Rectorado, que trata de poner en marcha medidas de apoyo para que los alumnos con menos recursos puedan seguir estudiando. «Los rectores han intentado que la subida de tasas sea la menor posible y se pondrá en marcha un fondo especial de ayudas», subrayó el vicerrector de Estudiantes, René Jesús Payo.
También avanzó que los recortes podrían afectar al profesorado y a la calidad de la enseñanza, aunque se trabaja para minimizar las consecuencias.
Desde la Plataforma Identidad Estudiantil, su portavoz, Enrique Alonso, pidió que se deroguen las medidas aprobadas.
Unos 70 universitarios acudieron a esta cita y se mostraron preocupados por las continuidad de las prácticas en empresas, las becas y la posible supresión de carreras.