Si el miércoles era el propio Eduardo Villanueva, ex concejal de Nuevas Tecnologías y Patrimonio suspendido de sus responsabilidades por su implicación en el denominado ‘caso factura’, el que afirmaba estar «convencido de que a la luz del informe» el alcalde, Javier Lacalle, le restituiría en sus responsabilidades municipales, ayer fue el propio Lacalle el que dijo que las conclusiones de las pesquisas internas aseveran que hubo un «uso desmedido e inapropiado» de recursos públicos por parte de Villanueva y que, en consecuencia, le exigía su inmediata dimisión.

Apenas una hora y media antes de que eso sucediera, era el presidente de los ‘populares’, César Rico, el que exigía la entrega en la sede del Partido del acta de concejal de Villanueva por haber tenido una «conducta reprochable» y porque «dudamos de que se haya dedicado a trabajar para lo que fue designado».

Además, Rico, probablemente consciente de que el todavía concejal pretendía mantener el pulso que echó a su Partido al no presentar su dimisión en una comparecencia pública en la que sostuvo su inocencia sobre los mismos informes que le señalan, le recordó a Villanueva que «está claro que es el Partido Popular el que ha propiciado su cargo».

Sin embargo, conforme iba avanzando el día se confirmaba que el aludido no pretendía entregar el acta. No al menos ayer, que es cuando se le exigía que lo hiciera. Tal era la convicción de que, como mínimo, mantendría su desafío hasta hoy, que a primera hora de la mañana el alcalde dio dos órdenes y firmó un Decreto.

Las órdenes pasaron por la baja inmediata de la línea de datos que originó el escándalo (de la que existían cuatro tarjetas y tres obraban en poder de Villanueva) y por cambiar el bombín de la puerta de su despacho. Para acceder a él, tendrá que solicitar la llave al concejal de Servicios, Santiago González.

En cuanto al Decreto, se revocó «de forma definitiva» la delegación de Villanueva «respecto de la dirección interna y la gestión de los servicios relacionados con Patrimonio Municipal, Nuevas Tecnologías y Modernización Administrativa», al tiempo que se delegaban esas funciones en la figura de Salvador de Foronda, que ya carga con las áreas de Hacienda y Seguridad Ciudadana. Es decir, se le retiró a Villanueva toda responsabilidad en el gobierno de la cuidad.

Estos movimientos ya estaban avanzados por Rico, que reconoció que le había pedido a Lacalle que «proceda inmediatamente a la destitución de todas sus funciones y a la separación del Grupo Municipal si se niega a entregar el acta y, en su momento, la supresión del régimen de dedicación exclusiva».

A todo eso, se sumará la aplicación a Villanueva del código estatutario del PP por desoír las órdenes dadas por todos sus jefes, que primero le aconsejaron que abandonara el cargo y ahora se lo exigen por la vía ejecutiva. Esto es, podría ser expulsado del Partido. Alcanzado este punto, la pregunta que buena parte de la ciudad se hacía ayer es qué pasa si Villanueva se niega a entregar su acta.

No adscrito

A pesar de que desde el propio PP se hizo la interpretación de que, al negarse a dimitir y ser expulsado del Grupo Municipal Popular, Villanueva acabaría en el Grupo Mixto (lo que le convertiría en partenaire del único edil de IU, Raúl Salinero), lo cierto es que el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) recientemente revisado y aprobado dictamina que el concejal pasaría a tener la condición de «no adscrito».

Esto se regula en el ROF a través de dos artículos, el 7 y el 9. El primero reza que aquellos concejales que no se integren en el Grupo por el que resultaron elegidos pasarán a tener esta condición, mientras que el segundo concreta aún más y convierte en no adscritos a aquellos concejales que sean expulsados de su Grupo. Sería el caso.

En cuanto a los derechos que eso da y quita, se puede resumir que Villanueva pasaría a permanecer en el Pleno y poco más. No podría disponer de medios técnicos ni de recursos humanos mantenidos o pertenecientes al Ayuntamiento. Tampoco podría percibir más que la media de ingresos que venía percibiendo con anterioridad, algo que en este caso reduciría sus ingresos a las dietas del Pleno.

Villanueva es concejal liberado. Cobra 45.000 euros al año para trabajar en exclusiva en el Ayuntamiento de Burgos, pero lo hace gracias a que hay un acuerdo plenario para otorgarle esta condición. Así que es el Pleno, en el que el PP seguiría teniendo mayoría absoluta aún sin él, el que puede retirarle esa condición.

Al estar liberado no recibía dietas por asistir a las comisiones, por lo que la media de sus ingresos, una vez retirada la dedicación exclusiva, sería cero o próxima a cero. Además, para asistir a las comisiones informativas, lo que le permitiría cobrar dietas, deberá contar con el plácet del alcalde, extremo que parece harto complicado a la vista de los acontecimientos.

Esto está así reflejado en el ROF para evitar abandonos de las filas de un Grupo Municipal con ánimo de lucro, puesto que de lo contrario, un concejal que abandonara la disciplina del Partido por el que fue elegido podría tener el derecho a asistir a todas las comisiones y consejos de administración municipales y cobrar por ello. Villanueva tampoco podrá ir a la Junta de Portavoces puesto que su presencia no constituye Grupo. En definitiva, si se empecinara en detentar el acta de concejal, su actividad se reduciría a los plenos municipales.