Reducir salarios un 7%, eliminar la paga de primavera, aumentar en 3 las jornadas del calendario laboral, crear una bolsa de horas de 20 días (incluidos sábados y domingos y sin repercusión económica), una reestructuración de la mano de obra indirecta (oficinas), e implantar una nueva categoría laboral «de por vida -sin posibilidad de dar el salto a otras-, con salario inferior al convenio y hasta 10.000 euros por debajo de lo que se cobra en el Grupo».
Estas son las condiciones, detalladas desde CCOOy UGT, que el Grupo Antolín pretende implantar en sus cinco fábricas más antiguas, todas ellas ubicadas en Burgos.La primera en aplicarlo sería Dapsa, luego Ardasa (que también lo negocia) y, a lo largo del próximo año, llegaría a Ara, Aragusa y Eurotrim. En total, más de 1.100 empleados se verán afectados.
El objetivo último de este plan de competitividad, según ha argumentado la empresa, es captar nuevos proyectos para estas plantas y mejorar la competitividad en costes que han ido perdiendo con respecto a otras fábricas del Grupo en Castilla y León, resto de España o el extranjero.
El conocido como ‘plan 20’ entre los trabajadores, pues reducirá el coste de la mano de obra/hora por debajo de los 20 euros, cuenta con la oposición de los sindicatos mayoritarios y los comités de empresa de las 5 plantas afectadas. Esa negativa fue mostrada en la mañana de ayer en una concentración desarrollada en los accesos a la planta de Dapsa, en el polígono de Gamonal, donde trabaja un centenar de trabajadores.
El plan, según denunciaron Ramiro Marijuán (MCA-UGT) y Juan Ignacio Ruiz (CCOO), se presenta como una «propuesta cerrada» a los comités de empresa «sin posibilidad de negociación alguna». Incluso se habrían enviado cartas a los trabajadores y celebrado reuniones con grupos de éstos para explicarles las circunstancias por las que atraviesan y «las consecuencias que tendría sobre el empleo» si no aceptan el plan.
Tanto CCOOcomo UGT insistieron en que «no son ajenos a la realidad productiva y económica de las plantas» y están dispuestos a negociar «cualquier sacrificio que garantice su viabilidad». Pero, advierten, a través del diálogo y no de «imposiciones disfrazadas como negociación de convenio».
De hecho, ayer finalizaba el plazo para la aplicación de estos cambios en Dapsa. Su comité -al que no se le permitió ir acompañado de asesores sindicales- presentó una propuesta para iniciar la negociación formal. Se consideró «insuficiente» y la empresa aceptó analizar otra nueva que será presentada previsiblemente hoy. «Los plazos se agotan», dicen que insistieron desde la dirección.
Especializada en la fabricación de dispositivos para elevalunas y cierres centralizados para vehículos, Dapsa ya ha visto como algunos proyectos se trasladaban a Portugal bajo el argumento de sus altos costes laborales.