El reguero de sentencias por toda España que obliga a las administraciones a pagar la extra de Navidad de 2012 a los empleados que lo recurrieron, el último caso en Palencia esta misma semana, hace temblar a la Junta de Castilla y León ante la posibilidad de una resolución del Tribunal Constitucional que generalice la devolución. La administración regional se ve ante la posibilidad de responder económicamente por una decisión que le llegó impuesta y por lo tanto la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, mira hacia quien la tomó para que también responda.

 

«Esto deriva de una norma estatal, de un decreto ley que fija el Estado y tenemos que aplicar todas las administraciones públicas. Y por tanto, si de ese decreto ley se derivan responsabilidades económicas para una Comunidad como Castilla y León pues hombre, habrá que acudir también al Estado para ver cómo se soluciona esto», sentenció la consejera en declaraciones recogidas por Ical. 

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no tardó en reaccionar a la resolución judicial con una lectura origina. «Es una sentencia a atender, pero la paga extra de 2012 no se suprimió en modo alguno. Lo que se hizo fue llevarla adelante en el tiempo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, hasta 2015. No ha habido supresión en términos generalizados en las administraciones públicas, sino que se ha desplazado en el tiempo el abono de esa paga en función obviamente de la disponibilidad presupuestaria y llevando a término el pago de ese retiro de la extra en el fondo de complemento de las pensiones de manera prioritaria», ha señalado el ministro.

 

Pilar del Olmo estimó en unos 50 millones de euros el coste que supondría para las arcas regionales una hipotética devolución de la parte devengada de la extra de Navidad de 2012 a todo el personal de la Junta, tal y como sucederá con tres funcionarios de Sacyl a los que se aplica la última sentencia.

«La extra vino a suponer un ahorro de unos 200 millones de euros, incluyendo no solo el personal de la Junta, sino todo lo que se paga por delegación, universidades, conciertos, etcétera», explicó. «Y la cuarta parte es más o menos lo que sería la cantidad que tendría que abordar la Junta, de extenderse esto a todos los colectivos», concretó.

 

La consejera subrayó que «todavía no existen sentencias más que de tres casos concretos» que suponen «una cantidad sin importancia», algo más de 700 euros por trabajador; y reiteró que el Gobierno autonómico está estudiando todas las posibilidades. 

 

Las tres sentencias de Palencia, contra las que no cabe recurso, consideran que el Real Decreto Ley 20/2012 «entró en vigor el 15 de julio de 2012, a partir de ahí se han de ver reducidas las retribuciones que correspondería percibir en el mes de diciembre».