Las entidades locales menores tendrán que pagar entre 300 euros, las que tengan menos de cien habitantes, que son mayoritarias, y 800, las que superen los 301 vecinos, por el nuevo servicio de asistencia en materia de gestión de la actividad económica y financiera cuyo reglamento y ordenanza reguladora del precio público se aprobó ayer sin el apoyo del PSOE y UPyD, que defendieron que este servicio a las pedanías para la gestión de sus cuentas debe ser prestado de forma gratuita por la Diputación. Rosario Pérez (UPyD), pidió al equipo de Gobierno que lleve a cabo una reestructuración del trabajo de sus funcionarios para poder acometer este servicio de forma más eficiente y gratuita «al cien por cien» para lo que solo hace falta «voluntad política», añadió.
Por su parte, el portavoz del PSOE, José María Jiménez, argumentó que el asesoramiento a los municipios y pedanías es una de las pocas competencias que tiene la Corporación Provincial;es más, añadió que es el «punto débil» que justifica el mantenimiento de las diputaciones. Jiménez, que pidió al PP que retirase ese punto y que ofrezca este «servicio básico» a entidades menores sin coste alguno, comparó esa decisión del PP como si a los ayuntamientos se les cobraría por gestión de los Planes Provinciales. Además, el portavoz insistió en que no debe cobrarse por un servicio que se debía haber ejercido desde la época democrática como mínimo, por lo que acabó acusando al PP de haber hecho dejación hasta ahora de la prestación de esta competencia. Jiménez reconoció, en todo caso, que no parece que detrás haya un afán recaudatorio «cuando apenas se va a ingresar 90.000 euros», explicó, al tiempo que recriminó al equipo de Gobierno que se le llene la boca hablando de desarrollo rural y de ayuda a los pueblos, momento en el recordó las dificultades que tiene las pedanías para elaborar sus presupuestos y liquidar cuentas, por falta de recursos humanos y técnicos, lo que ha llevado a muchas de ellas a contratar la gestión económica con empresas privadas, por lo que recriminó a la Diputación no haber ejercido con anterioridad este servicio.
Riesgo de desaparecer
Borja Suárez no se dejó convencer por los argumentos de la oposición y razonó la creación del nuevo reglamento de asistencia en la gestión económica y financiera y la ordenanza que fija el precio, en que no se trata de un servicio de asesoramiento como el que viene prestando las institución, sino de un servicio de mecanización de la contabilidad de las entidades locales menores, que tienen la obligación de ejecutar ellas mismas y no la Diputación. Suárez añadió que éste es un nuevo servicio que se ofrece al que pueden acudir las entidades menores que quieran. y que se pone en marcha para ayudar a las pedanías y quitarles «un problema gordo» que tienen, ya que si no presentan en tiempo sus cuentas corren el riesgo de desaparecer. Esa ayuda, insistió, tiene que tener un valor. «No vale el todo gratis porque las cosas que se pagan, son las que se valoran».
Jiménez insistió en que no ve la diferencia entre asesoramiento y mecanización y en que la Ley de Régimen Local menciona como competencias de las diputaciones la asistencia jurídica y económica.