El Gobierno Vasco quiere operar la línea férrea entre Miranda y Vitoria

G.A.T. / Miranda
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Descarta la fórmula del tren social que reclama el Ayuntamiento de Miranda. Un estudio calcula que entre ambas ciudades se desplazan en ferrocarril unas 200 personas al día

El transporte por ferrocarril entre Miranda y Vitoria podría tener en no mucho tiempo una operadora dependiente del Gobierno Vasco. La vecina administración persigue que Euskotren logre la licencia ferroviaria que le permita operar trenes de mercancías y de viajeros en la red actual del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Es una posibilidad cierta que manejan en Vitoria para avanzar en una mejora en el servicio, y en parte una respuesta a la demanda de la creación del llamado tren social de Álava, que igualmente apoya el Ayuntamiento mirandés, y que en síntesis pretende crear nuevos servicios entre Miranda y Vitoria y entre Vitoria y Alsasua, con más frecuencias y más paradas par dar opción a poblaciones que no tienen hoy parada.

El deseo del Gobierno Vasco de asumir la operación de trenes en este corredor lo ha recordado la consejera de Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, que ha llevado a una Comisión en el Parlamento Vasco un amplio informe sobre ferrocarriles, detallando los resultados del estudio de viabilidad para la implantación de un nuevo servicio ferroviario de transporte público que uniría Miranda y Vitoria, y a su vez la capital vasca con pueblos de la Llanada Alavesa.

«El corredor Miranda-Gasteiz-Alsásua entra dentro de los ejes ferroviarios sobre los que el Gobierno Vasco, una vez ejecutada la transferencia de la competencia en materia de transporte ferroviario, podría operar por medio de su operador Euskotren», asegura la consejera, que recuerda que Euskotren está desde junio de 2015 en proceso de obtención de la licencia ferroviaria para poder operar en la red del ADIF. De lograrla, plantearía las posibilidades de operar sus propios trenes en el corredor como una nueva oferta para los viajeros.

Pero el Ejecutivo de la vecina Comunidad no apuesta hoy por hoy por la creación de un servicio ferroviario nuevo en base al modelo que plantea el tren social de Álava, que incluye reapertura de apeaderos y una nueva infraestructura. Y es que el mismo estudio elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial desvela que la utilización de ese nuevo servicio sería muy baja y la utilidad para un 64% de la población nula.

No obstante el informe recoge todo el trazado, entre Miranda y Alsasua, y además aplica un aumento muy notable de los servicios urbanos en Vitoria, con la inclusión de un tramo de tranvía, además de la apertura de varios apeaderos que llevan años cerrados en todo el corredor.

De hecho, si se extrae de los datos lo referido a la conexión Miranda y Vitoria, el potencial del nuevo servicio mejora, si bien tampoco apunta a un uso elevado. En el informe se recoge que actualmente el movimiento entre ambas ciudades se realiza en más de un 80% en vehículos privados, un 17% usa el autobús, mientras que poco más de un 1% emplea el tren. Eso arroja un movimiento de algo más de 200 viajeros al día en tren, con una ocupación media del 7%, aunque el informe no contabiliza los trenes de largo recorrido, que paran en ambas ciudades.

El ArabaTran, nombre teórico que se le daría al servicio, añadiría una oferta mayor a los servicios ferroviarios y por lo tanto captaría más viajeros, aunque el cálculo hecho por el Departamento refleja que la ocupación máxima sería del 9%. En cifras, se especula con que la estación de Miranda sería la de mayor actividad de todo el recorrido después de la de Vitoria, con unos 775 pasajeros diarios.

El servicio mejoraría no solo las conexiones entre Miranda y Vitoria, sino que facilitaría, por ejemplo, los viajes de los vecinos de La Puebla de Arganzón y otros pueblos del corredor hoy con pocas opciones de usar el ferrocarril.

Otro hecho por el que se rechaza el ArabaTran es el coste económico y la baja rentabilidad social, ya que se calculan unos 51 millones de euros de inversión, con ingresos tarifarios cada año de apenas 1,5 millones de euros y unos gastos de explotación que rondaría los 7 millones.