Rocío Hernández descuelga el teléfono del despacho que ocupa en el Juzgado de Guardia y le informan de que hay detenidos en el calabozo y de que puede proceder a su visita rutinaria. No es juez ni fiscal ni tampoco abogada, pero tiene un contacto permanente con las personas que acaban en estas dependencias de la avenida Reyes Católicos porque ella, trabajadora social, es la responsable de elaborar un informe que puede repercutir directamente en la setencia: el texto en el que se avanza que existe un problema de consumo de alcochol y/u otras drogas. Y esto puede conllevar un atenuante de la pena, que es lo que suele interesar a quienes ocupan el calabozo. A Hernández, en cambio, le preocupa su rehabilitación.

Esta trabajadora es la responsable del Servicio de Orientación y Asesoramiento en materia de drogodependencias de los juzgados -también llamado SOAD-, que gestiona la asociación de ayuda Aclad desde mayo de 1999, cuando entró en vigor el convenio firmado con la Junta de Castilla y León y la Junta de Jueces. «Mi objetivo es entrevistarme con los detenidos para obtener información acerca de un posible consumo de drogas y de otros aspectos sociales o familiares, que luego se plasman en un informe que se presenta a la causa; bien directamente o bien a través del abogado defensor», explica Hernández. En las ocasiones en las que, por el motivo que sea, no haya podido tener contacto directo en el calabozo, la comunicación se intenta realizar a través del abogado o incluso en la cárcel, si es que se ha decretado prisión preventiva. Y el objetivo siempre es doble: dejar constancia de la adicción sobre papel y, sobre todo, que asuman la importancia de dejar de consumir. «Porque si lo consiguen, es muy probable que también dejen de delinquir», apunta Hernández.

Y a las cifras se remite. En todo 2014 realizó 105 informes, todos ellos para procedimientos distintos - «más o menos la media de otros años» - y se entrevistó con 118 personas distintas, de las cuales el 48% estaba o había estado en tratamiento con anterioridad, mientras que el 66% había estado en la cárcel o tenía antecedentes penales (el 77%). «Son cifras que prueban que existe reincidencia: tanto en la drogodependencia como en la delincuencia», apunta la trabajadora social. Pero no son estas los únicos datos que ilustran acerca de la influencia que tiene el entorno socioeconómico en las personas que acaban frente a frente con Hernández. Por ejemplo, que un 30% admitiera la existencia de antecedentes de consumo de drogas en la familia. O que más de la mitad (el 55%) solo hubiera ido al colegio hasta los 11 años, edad a la que concluye la Educación Primaria; o que solo el 11% tuviera trabajo en el momento de entrar en el calabozo. Y hay que añadir que la mayoría (el 94%) fueron hombres, con 33 años de media; y de nacionalidad española (76%).

 

Politoxicomanía.

El componente atenuante de la pena que puede llegar a tener el consumo de drogas es un factor que anima a los aludidos a reconocer el hecho, pero no la adicción como problema. Hernández afirma que son pocos quienes lo asumen de motu proprio y deciden tomar la iniciativa de pedir ayuda, un hecho del que, en cualquier constancia, en Aclad no pueden cuantificar porque «es imposible conocer las derivaciones» hacia los servicios sanitarios o de otro tipo.

De lo que sí hay constancia en las memorias de esta asociación es de que la cocaína sigue manteniendo el primer puesto como droga principal desde 2008. Fue la sustancia que ingirieron un 34% de los usuarios atendidos en este servicio;seguida del cannabis, «que ha subido mucho» y ya se detectó en un 33% de los casos y, bastante por detrás, el alcohol (14%). «Suelen negar el consumo de alcohol porque al estar legalizada no se ve como el resto de las drogas», apunta Hernández, antes de matizar que lo más frecuente es que se presente una politoxicomanía, en la que se ha mezclado alcohol con otras sustancias ilegales.

En cuanto a los delitos, lo más frecuente es que se presenten tres tipos diferentes: un 28% contra el patrimonio (que incluye robos o daños a inmuebles); otro 28% contra las personas (relativo a cualquier tipo de agresión o lesión) y, por último, los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), en un 34,6% de los casos.