Un año y cuatro meses es lo que ha durado la elaboración del nuevo modelo de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que previsiblemente se dará a conocer hoy tras la reunión de la Mesa de la Ordenación del Territorio. En este periodo, además de los trabajos del grupo de expertos formado, los responsables de la Consejería de la Presidencia se han recorrido numerosos municipios para explicar el contenido del nuevo modelo y recoger sugerencias de los verdaderos protagonistas del cambio.
Para alcanzar el listado de competencias de los municipios, distritos y diputaciones se han mantenido reuniones con todas las instituciones, agentes económicos y sociales y ayuntamientos, que cuenta con 2.248 municipios.
Los trabajos se remontan al 29 de marzo de 2011, cuando Valladolid acogió la primera comparecencia del grupo de expertos, que recibió el encargo del Consejo de la Población, y que basó su estudio en la creación de áreas mancomunadas o distritos, que sustituyesen a las actuales mancomunidades, sin crear estructuras administrativas y gastos y «desde el respeto a la tradición y el arraigo de los pueblos». Se trata, según justificaron los expertos, de un modelo «de abajo a arriba» con el que se pretende dar servicios eficientes a los ciudadanos con independencia del lugar donde residan.
Con esta exposición se abría un proceso «de cambio tranquilo pero imparable», según el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien defendió en todo momento esta fórmula como «la más adecuada» para los municipios menores de 500 habitantes, que suponen el 76 por ciento de los de Castilla y León.
El camino elegido por la Junta permitirá a estas estructuras administrativas asumir parte de los servicios municipales, sin aumentar el coste y mejorar la colaboración entre la administración autónoma y provincial.
Tras múltiples reuniones con los municipios, la Junta convocó a los 15 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes para explicarles el proceso. El modelo recoge la figura del ‘área estable’, que son espacios que abarcan la ciudad y los pueblos del alfoz en la prestación de servicios de las zonas urbanas, como transporte, policía, gestión del agua o residuos.
Y es que lo que se ha ido conociendo de este nuevo modelo, es que los pequeños municipios cederían a los distritos un 49 por ciento de sus funciones y los grandes un 27. Entre otros asuntos, los distritos asumirán las residencias de ancianos y los centros de educación de cero a tres años en municipios de menos de 5.000 habitantes, al tiempo que deja en manos de diputaciones los polígonos industriales y asuntos como turismo, patrimonio y juventud.
La polémica llegó tras presentar el Gobierno central la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece la desaparición de las mancomunidades. Según la oposición socialista contradice el modelo de Castilla y León, pero para el consejero de la Presidencia no solo no es así, sino que refuerza el modelo regional.