La crisis y el déficit público desbocado han obligado al Gobierno a adoptar reformas, aunque no con la urgencia que, en ocasiones, demanda la sociedad. La primera reforma fue la laboral para luego dejar paso a la financiera, aunque aún quedan flecos por abordar, y el Ejecutivo de Rajoy está ahora inmerso en la reforma educativa y la de las pensiones. Pero la asignatura pendiente es el nuevo modelo de administración. De momento, se ha creado una Comisión para la Reforma de las Administraciones para elaborar un informe. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado claro que «no se hace en una hora», antes las voces que piden un cambio urgente y radical, como la de Esperanza Aguirre, en el seno del Partido Popular. El objetivo es contar con un sector público más ajustado y racional, que pasa por acabar con las duplicidades, los solapamientos y la prestación de servicios sin financiación. Para ello, se completará con una reforma del cambio territorial y con el a anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.
El ajuste de plantillas en la administración en la provincia de Burgos no ha llegado a la vista de las estadísticas oficiales, con una bajada de solo el 4%. Hay cerca de un millar menos de empleados públicos en la provincia de Burgos durante el último año, al pasar de 24.773 a 23.785. Existen diferencias considerables en cuanto al recorte de trabajadores. El mayor esfuerzo ha corrido a cargo de los ayuntamientos y la Diputación Provincial, que han pasado de contar con 5.266 empleados públicos en julio de 2011 a 4.374 en julio de 2012. Son casi 900 menos, que supone un descenso del 17%.
Las administraciones central y regional apenas contabilizan bajas entre sus plantillas, con unas caídas del 1,2%. El número de trabajadores en nómina del Estado cayó en 82 en el periodo analizado y otros 146 en la Junta de Castilla y León. Pese a ese ligero descenso, la administración regional es la que sigue siendo la principal empleadora de la provincia. El 48,5% de todos los empleados públicos burgaleses, más de 11.500, perciben su sueldo de la Junta.
El último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que publicó la semana pasada el Ministerio de Hacienda, incluye no solo a los funcionarios de carrera sino también al personal laboral y otro tipo de trabajadores (eventual, interinos y contratados). No están los cargos políticos ni los de las empresas públicas pero tampoco los que tienen un contrato inferior a 6 meses.
El documento constata que entre verano de 2011 y 21012 el empleo público en la Universidad aumentó, al pasar de los 992 a los 1.124 trabajadores. Es la única administración pública que incrementa su plantilla. A principios de este año, la Universidad de Burgos aseguró que, según los registros de la propia institución académica, la plantilla había pasado de 1.120 en 2011 a 1.092 en 2012. Por lo tanto, precisaba que había 28 personas menos en nómina, con un descenso del 2,5%.
La Consejería de Educación ya ha anunciado que el grado de cobertura del Capítulo 1 de Personal de la UBUpara el próximo curso será del 91%, lo que obligará a los gestores de la Universidad a completar el sueldo de su personal con las tasas de las matrículas.
En cuanto a la docencia no universitaria, el Ministerio contabiliza un pequeño incremento de profesores en la provincia, hasta los 4.063, que dependen de la Junta. Bien es cierto que este boletín estadístico obvia el importante recorte que se ha llevado a cabo en el presente curso escolar, que comenzó en septiembre.
Entre enero y julio de 2012, bajó en 6 trabajadores el personal dependiente de las Consejerías en la provincia mientras que cayó hasta los 168 entre la plantilla de Sistema regional de Salud (Sacyl).