El Ayuntamiento arandino ha recibido un nuevo varapalo judicial en este caso en los contenciosos que mantiene con la empresa Urbaser por los pagos efectuados por la prórroga de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y aseo urbano más allá de los 10 años estipulados en contrato. Unos pronunciamientos judiciales que van a obligar al Ayuntamiento a hacer frente a un desembolso de algo más de 600.000 euros.
Por una parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón ha estimado un recurso de apelación de Urbaser contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Burgos que reconocía el derecho del Consistorio a reclamar a esta firma la devolución de 340.240 euros abonados de más, en su opinión, durante el ejercicio de 2007 y el primer semestre de 2008. Unas cantidades que obedecían al concepto de amortización de equipos y que la corporación municipal, en base a los informes técnicos, defendía que ya se había cubierto durante los 10 años del contrato, que finalizaba el 31 de diciembre de 2006, y que el juez entendió que no procedía abonar durante el año 2007 y sí durante el primer semestre de 2008, al entender que estos últimos seis meses estaban fuera de contrato, e instaba a la tramitación previa del procedimiento de lesividad.
El fallo, que es firme, considera incongruente la sentencia en primera instancia y se inclina del lado de Urbaser, considerando nulo de pleno derecho el acuerdo plenario, adoptado tres años más tarde cuando se dio cuenta del presunto error, que acordaba el reembolso de la cantidad al haber prescindido del procedimiento legalmente establecido como es la declaración de lesividad de actos anulables. Un pronunciamiento que obligará al Consistorio a rascarse el bolsillo para abonar, con los correspondientes intereses legales, el importe de 340.240 euros que indebidamente compensó en los sucesivos pagos efectuados a Urbaser, que por cierto ha continuado prestando el servicio hasta la actualidad.
Revisión de precios
Por otra parte, tras otra sentencia también de carácter firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Ayuntamiento arandino tendrá que abonar también a Urbaser otros 258.000 euros en concepto de actualización del IPC del canon de dos de los años en los que el contrato se prorrogó ilegalmente bajo el mandato del PSOE, hasta que ya en la actual legislatura se ha vuelto a sacar a concurso de nuevo la prestación del servicio, adjudicándoselo de nuevo esta empresa, y que en su momento los responsables municipales se negaron a aplicar, procediendo tan solo a pagar la revisión de uno de los ejercicio.