El Ministerio de Hacienda advirtió dos veces por escrito a la Consejería de Sanidad de que las oposiciones de enfermería eran ilegales para que frenasen el proceso antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, nadie lo paró, lo que provocó que Abogacía del Estado interpusiera el recurso en los tribunales que ha provocado la suspensión cautelar del examen convocado para dentro de una semana.
Según ha podido saber este periódico, la primera advertencia llegó como recurso administrativo contra la orden que convocaba la prueba en mayo. Las explicaciones de la Junta no resultaron convicentes y el 26 de junio llegó un segundo aviso. En este caso en forma de requerimiento, donde ya amenzaba con la vía judicial y exigía la anulación de las oposiciones a las que se habían comenzado a presentar los aspirantes: 20.089. De nuevo las explicaciones autonómicas, basadas en sentencias de los tribunales superiores de Andalucía y Asturias no terminaron de convencer.
No fue hasta el 19 de octubre cuando la Abogacía del Estado ya materializó el recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del TSJCyL, con la petición de la suspensión cautelar del examen que finalmente concedió el pasado jueves y provocó la paralización de todo el proceso.
Cumplir la legalidad. La delegada del Gobierno, María José Salgueiro, remarcó ayer que desde el Gobierno se ha interpuesto un recurso para que «se cumpla la legalidad» y recordó que el Estatuto de la Función Pública señala unos plazos para la convocatoria de las oposiciones, que la Junta no ha respetado. Aseveró que en este caso no se trata de ponerse de acuerdo entre administraciones, sino de cumplir con la normativa vigente. «Las leyes están para cumplirlas», sentenció.
Las declaraciones de Salgueiro en las que cuestiona el procedimiento de la Junta en este caso tienen el valor de que también conoce a la perfección la maquinaria autonómica en política de personal pues fue directora general de la Función Pública (1995-1999) y consejera de Presidencia de la Presidencia y Administración Territorial (2000-2003), entre otros puestos en su etapa en la política autonómica.
Mientras, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, confiaba aún ayer en que el TSJCyL desbloqueara la paralización cautelar de la oposición de enfermería y puedan celebrarse con la mayor brevedad posible, una vez que se resuelvan los problemas de intendencia.
El consejero, que afirmó que en ningún momento se ha planteado dimitir, dijo que espera que el TSJ entre en el fondo asunto con celeridad y se pronuncie en el mismo sentido que en su día lo hicieron los tribunales en Andalucía y Asturias que avalaron procedimientos similares, en los que también se habían convocado los exámenes transcurridos tres años desde la aprobación de la oferta pública de empleo.
Daños colaterales. Cada uno de lo mas de 20.000 aspirantes a las 554 plazas de enfermería ofertadas por la Junta de Castilla y León tiene su propia historia personal detrás. La sequía de oposiciones sanitarias a raíz de la crisis hace que se muevan en masa a por ellas. Meses de preparación, años, incluso, con cambios de rutinas para conseguir un puesto de trabajo fijo. La cancelación de la prueba ha supuesto un jarro de agua fría, especialmente para los de la propia Comunidad, que podrían encontrarlo sin emigrar.
Los daños coleterales han sido múltiples y variados. El más rocambolesco, el de una enfermera embarazada que ante la proximidad del parto con la fecha del examen pidió que se lo provocaran con antelación para poder presentarse, tal y como desveló la secretaria de Función Pública de UGT, Carmen Amez.
No faltan sanitarios que desde Londres habían programado un viaje a Valladolid, con todos los billetes y estancias pagadas para el examen que ahora se esfuma, con el desembolso que eso supone.
Los hoteles de León y Valladolid habían colgado el cartel de no hay plazas. Muchos lo habían cogido con antelación a través de internet con ofertas donde renunciaban a la cancelación y no podrán recuperar su dinero. Los hoteles más flexibles ofrecen en estos casos cambios de fechas o soluciones alternativas. En otros casos, se devuelve y quien pierde es el negocio.
Sin olvidar las tasas, 25,65 euros de derechos de examen, que todos tuvieron que pagar.
El sindicato Satse podrá a disposición de los afectados a partir del lunes un formulario para reclamar a la Junta los gastos ocasionados por la cancelación.