Tomás Tenza será relevado al frente del Servicio Aragonés de la Salud (SAS), según confirmaron ayer fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico al Periódico de Aragón, que publicaba la información en su edición digital. Las mismas fuentes informaron de que el «cambio» tendrá lugar en el «primer o segundo consejo de Gobierno de enero». La destitución de Tenza, imputado en Burgos por sendos delitos de prevaricación y acoso laboral, se produjo después de una reunión que mantuvieron el consejero de Sanidad aragonés, Ricardo Oliván, y el propio Tenza.

Desde el departamento destacaron que la medida, impulsada por el consejero, obedece a que «la imagen del Salud y del propio departamento se estaba viendo comprometida, y la sanidad aragonesa está por encima de las personas», señala el mismo diario.

Se entiende, además, que la gestión del servicio requiere de una «autoridad» que, dada la situación judicial de Tenza -la fiscalía pide para él seis meses de prisión y doce años de inhabilitación para desempeño de cargo público-, podría haber perdido. Desde el servicio de salud insisten, eso sí, en destacar la gestión de Tomás Tenza al frente del SAS y se apuesta por que su sustituto «continúe por la misma línea».

Anticorrupción

El juicio que se seguirá contra Tenza parte de la denuncia que el que fuera jefe del Departamento de Informática del Complejo Asistencial de Burgos, Ricardo Cuadrado, y uno de los tres funcionarios públicos a su cargo, presentaron en 2009 ante la Fiscalía Anticorrupción.

Relataron una serie de hechos relacionados con la contratación, por parte de la Gerencia, de una empresa externa. Posteriormente, en marzo de 2010, ampliaron la denuncia con una acusación por supuesto acoso laboral y mobbing contra Tenza. El anterior gerente del complejo asistencial impidió a este trabajador asistir a cursos de su especialidad profesional y la entrada en determinadas dependencias del hospital. Después le cesó como jefe del Servicio de Informática.

Asimismo, el Ministerio Público exige 160.000 euros de indemnización al denunciante y señala a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiario. La acusación particular ha de presentar aún su escrito de calificación de los hechos, así como el abogado defensor. El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital burgalesa dictó en el pasado mes de octubre el auto para la apertura de juicio oral, pendiente todavía de fecha.