El Consejo de Administración de Nuclenor decidió ayer anticipar el cese definitivo de la explotación de Santa María de Garoña a este mes de diciembre tras analizar «diversos informes económicos y jurídicos que había solicitado a expertos independientes y al auditor de cuentas de la sociedad». Tal y como DB adelantó la pasada semana, Nuclenor confirmó que Garoña debería hacer frente el próximo año al pago de nuevos impuestos por valor de 153 millones de euros, «lo que incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución o en situación concursal», según indicó ayer la firma en una nota de prensa.
Así pues, Nuclenor describió una situación económica crítica fruto de la nueva fiscalidad que el Gobierno aplicará a las empresas de generación de electricidad a partir del 1 de enero y que en el caso de las nucleares implica un incremento sustancial de los costes de generación debido al nuevo impuesto por la producción de combustible nuclear gastado. El impacto económico del proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que el pasado jueves aprobó el pleno del Senado ha sido determinante para que Nuclenor decida detener el reactor de la planta mañana, a las once de la noche, tal y como lo comunicó el pasado miércoles a la plantilla y al comité de empresa y como también adelantó DB en su edición del jueves.
Con la parada del reactor y el vaciado de su combustible, Nuclenor esquiva el pago de 153 millones de euros al Estado, según la empresa «para garantizar que la sociedad pueda seguir respondiendo a sus obligaciones ante sus trabajadores y proveedores». No obstante, Nuclenor cuenta con una autorización de explotación de Santa María de Garoña que expira el 6 de julio de 2013. Por ello, la firma matizó en su comunicado que «el cese definitivo de la explotación antes del 31 de diciembre podría revertirse, si no se acabase promulgando la ley o si, una vez promulgada, las condiciones impuestas variasen sustancialmente respecto del proyecto de Ley actualmente en trámite». El proyecto con la nueva fiscalidad a la que Nuclenor achaca su decisión se aprobará el jueves en el pleno del Congreso y según las fuentes consultadas por DB tanto en las filas del PP como del PSOE no se espera que el texto recoja ningún cambio que suavice las condiciones fiscales que deberán afrontar todas las centrales nucleares españolas.
Situación atípica
Así las cosas, la sala de control desde donde se opera el reactor iniciará mañana, a las cuatro y media de la tarde, la bajada de carga del reactor para que este se desacople de la red eléctrica a las once de la noche. A mitad de semana, una vez que el reactor se haya refrigerado y se haya podido abrir la tapa de la vasija, un equipo de profesionales de la compañía norteamericana General Electric procederá a realizar el vaciado de los 400 elementos de combustible que alberga y que se trasladarán a la piscina de almacenamiento del combustible, donde permanecerá refrigerado en el edificio de contención.
Si como todo está previsto, esta operación concluye para el próximo domingo, día 23, las tareas que se realizarán después en la central se ceñirán «al mantenimiento de equipos y sistemas, refrigeración del reactor y de la piscina de combustible, mantenimiento general de la instalación -eléctrico, instrumentación- o control ambiental», como explican desde Nuclenor.
Será sin duda una situación atípica, porque Nuclenor no podrá iniciar las tareas de predesmantelamiento de la planta nuclear hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear no haya emitido un informe favorable a la documentación ligada al cese definitivo que Nuclenor le envió el 6 de noviembre y en la que detalla los trabajos previstos una vez detenido de forma definitiva el reactor. Es posible que el CSN tarde meses en emitir este informe, pero desde Nuclenor no han concretado en qué situación quedará la plantilla de la central mientras tanto.