Los representantes de la empresa Redebur reclaman al Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna algo más de 800.000 euros en concepto de daños por el perjuicio patrimonial que supone el derribo de los dos bloques de ocho y tres viviendas en la pedanía de Villaverde Peñahorada, según ratificó en sentencia firme de 2009 la Sala de lo Contencioso Administrativo número 2 del TSJ, proceso de demolición que se iniciará el mes de agosto una vez que se adjudiquen los trabajos para los que se han presentado 34 empresas que se valoran actualmente.
Según la sentencia, las viviendas se construyeron ilegalmente, ya que si bien, cuando la empresa solicita la licencia en 2005, se puede construir bloques familiares conforme a la normativa urbanística vigente en ese momento, la modificación de las normas subsidiarias en ese transcurso de la obra, dejó sin amparo ese tipo de construcción. La denuncia de una vecina llevó el asunto a los tribunales, que en la sentencia definitiva ordenó el derribo total de los dos bloques de viviendas.
Los promotores acusan al Ayuntamiento, tanto a la Corporación anterior como a la actual que preside Raúl Martín Bellostas -la primera sentencia se dicta estando ya está éste en el Ayuntamiento-, de no haber paralizado las obras o no haber llevado a cabo una modificación del proyecto en su momento, tanto cuando se produjo la denuncia como en la primera sentencia. Sin embargo, la Corporación, según explica Esteban Martínez, uno de los accionistas, no solo no paralizó la construcción, sino que concedió a Redebur la licencia de primera ocupación y los permisos de enganche de luz y agua. «Nos hicieron seguir gastando dinero en las viviendas», puntualiza y reconoce que en la primera sentencia, no se exigía el derribo total, sino parcial de los bloques.
Tras la sentencia definitiva y el auto de ejecución de la misma, Redebur presentó en enero del pasado año una reclamación al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial exigiendo 1,5 millones de euros, tras la pertinente tasación a cargo de una empresa independiente, que tras un acuerdo con la Corporación para evitar el contencioso, quedó fijada en 1,2 millones de euros -más intereses- a pagar en dos anualidades, 500.000 antes del 31 de diciembre de 2010, y el resto a cargo de los presupuestos de 2011.
La sorpresa de los socios de Redebur se produce cuando la Corporación no incluye en las cuentas de 2011 la partida comprometida, por lo que la promotora presenta alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto, que desestima el Ayuntamiento, que tampoco incluye partida alguna en la aprobación definitiva del presupuesto.
Por el contrario, añade Martínez, el alcalde dicta un decreto a finales de diciembre de 2011 en el que fija el plazo de pago a Redebur a lo largo de 10 años. Redebur entiende que el alcalde ha cometido un delito de prevaricación «por no incorporar la deuda a sabiendas de que la tiene acordada». Más aún, explican los afectados, después el alcalde «se saca de la manga» un segundo decreto de modificación del anterior en similares términos sin contar con ellos, aunque reconocen que los 50.000 euros comprometidos en 2011, se ha pagado en mayo de 2012.
Los constructores están en desacuerdo con ambos decretos y se preguntan si el Ayuntamiento dice no tener dinero para pagarles por qué ha realizado obras como el arreglo de la pista y los accesos al pueblo, además, añaden, de subirse su sueldo. Por esos motivos, Redebur ha presentado dos recursos contenciosos: contra la aprobación de los presupuestos y contra el decreto en el que modifica la forma de pagos, además de una demanda contra el equipo de Gobierno que aprobó el presupuesto.
Redebur explica que también representa en estas demandas a seis de los compradores de las viviendas que no pudieron escriturar sus casas.