La charla informativa del alcalde, Luis Jorge del Barco, para informar a los vecinos sobre la marcha de algunos proyectos municipales y la situación del Ayuntamiento se convirtió en un clamor unánime de rechazo hacia un grupo de ciudadanos rumanos «insociable y de comportamiento provocador, que dificultan la vida cotidiana de un amplio sector de población».
Este grupo de rumanos antisocial, como se puso de manifiesto en la asamblea, provoca un mayoritario rechazo social y los vecinos exigieron al alcalde que medie para que desaparezcan multitud de acciones que van contra la normalidad en la convivencia. Según señalaron los vecinos, este grupo de rumanos «ocupa lonjas en las que realizan todo tipo de actividad sin licencia, como reparaciones de vehículos, venta de tabaco y de gasóleo, con las consiguientes molestias para el resto de vecinos de las comunidades ocupadas».
Otro de los problemas que plantearon a Del Barco es el de los impagos de arrendamientos, tanto de viviendas como de los bajos, «bastante generalizado» que crea enfrentamientos entre vecinos, como también plantea problemas la conducción de vehículos sin respetar las normas de seguridad vial y poniendo en peligro la integridad física de los peatones. También les acusan de «robar» energía eléctrica desviando conexiones de redes públicas y privadas.
Los vecinos plantearon algunas medidas de presión para solucionar este grave problema, como por ejemplo recoger firmas o convocar una manifestación de protestas contra ese grupo de ciudadanos rumanos, como ya hicieron en julio de 2011 tras la agresión sufrida por un joven de la localidad. En principio estas medidas quedaron en suspenso hasta una nueva reunión con el alcalde, convocada para el día 26 de este mes, en la que éste informará a los vecinos del encuentro que mantuvo ayer con el subdelegado del Gobierno, José María Arribas.
Junta de seguridad
Del Barco trasladó ayer a Arribas la preocupación vecinal por el comportamiento de estos ciudadanos rumanos y como primera medida acordaron crear una Comisión de Seguridad Ciudadana, en la que participen representantes de la Guardia Civil, siempre que la Comandancia de Burgos (a la que demandarán apoyo y consejo) lo autorice, y del Ayuntamiento, así como de asociaciones que agrupen la totalidad del espectro social y también el portavoz de un partido o asociación de rumanos.
Esta Comisión de Seguridad Ciudadana, en sus reuniones periódicas, «determinará denuncias y acciones ante los estamentos provinciales que tenga capacidad de actuación en situaciones complejas, siempre anticipándose a otras soluciones más drásticas y con la intención de reconducir al buen comportamiento social a quienes incumplen las normas», apunta el alcalde, quien trasladará esta propuesta a los vecinos el próximo día 26.
El resto de cuestiones municipales abordadas en la reunión con los vecinos pasaron a un segundo plano, aunque sobre la situación financiera Del Barco López manifestó que, sin ser mala, no garantiza la continuidad de algunos proyectos. También se plasmaron las inquietudes municipales sobre patrimonio industrial, artístico y cultural, detalles sobre el ARI, bonificaciones fiscales para los vecinos que emprendan obras en el casco viejo o nuevas actividades, así como la situación de la N-120.