El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, presentado por el Gobierno central hace trece días, junto a los recortes en sanidad y educación, se ha convertido en uno de principales caballos de batalla del PSOE contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tanto es así que el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajará el domingo a Burgos para reunirse con cargos públicos del partido analizar el anteproyecto y debatir la estrategia a seguir para frenar la nueva legislación.
No será esta la única iniciativa que llevarán a cabo los socialistas contra esa ‘polémica’ reforma de la administración local que desarrolla el Gobierno central, ya que mañana en el Pleno que celebrará la Corporación provincial se debatirá una moción del Grupo Socialista en la que se insta a la Diputación a que rechace un anteproyecto de ley que el portavoz socialista,José María Jiménez, califica de «ataque al municipalismo».
Jiménez señaló que la reducción de retribuciones, asesores y cargos públicos con dedicación exclusiva que contempla el documento supone «un mínimo recorte y ahorro» y afirma que se propone legislar «bajo el prisma del intervencionismo más absoluto, sin solucionar el problema esencial de las entidades locales, es decir, la financiación adecuada de las mismas». El portavoz socialista, además, recordó que, según el anteproyecto, 243 ayuntamientos burgaleses no podrían tener concejales retribuidos, «algo que supera la realidad actual», apuntó, a la vez que señaló que lo hacen «es vender humo».
Intervencionismo
Otra de las cuestiones que critican los socialistas es que lo que califican de «intervencionismo estatal en las entidades locales» puede implicar el vaciado de competencias en determinados municipios y la eliminación y supresión de los mismos en el caso de no superar los estándares económicos y de eficiencia establecidos por el Gobierno del PP, «sin atajar de forma clara su verdadero problema, la financiación municipal», señaló Jiménez, quien recordó durante años el PP hizo de la financiación local su caballo de batalla.
Una de las principales preocupaciones del PSOE en relación a ese anteproyecto es el que hace referencia a la prestación de servicios por parte de los municipios y la posibilidad de que sean asumidos por las diputaciones «o se eliminen si se desarrollan sin cubrir el coste, lo que significa acabar con los servicios en los ayuntamientos porque no servicio público que no sea deficitario», declaró Jiménez.
Para el portavoz el problema de este anteproyecto de ley es que «en vez de hablar de financiación, esta habla de equilibrio presupuestario y de que todo aquello que no se cubra el coste debe ser eliminado, y además dice que lo deberán cubrir las diputaciones», señaló Jiménez, quien duda de que en una provincia como esta «la diputación lo pueda hacer mejor, no veo a Rico viajando en su coche oficial a arreglar el depósito de agua de un pueblo, no se muy bien cómo lo van a hacer salvo que lo que estén buscando sea una privatización de los servicios públicos», manifestó.
Finalmente, Jiménez pidió al equipo de gobierno en la Diputación que realice una consulta entre las entidades locales de la provincia, como está haciendo con el tema de fracking o fractura hidráulica, para ver el respaldo que tiene en la provincia este anteproyecto afecta a los ayuntamientos y que, recordó, ha sido elaborado sin que el PP lograra el apoyo de ningún partido político.