La Junta de Castilla y León ha valorado positivamente los avances que incluye el texto de la Reforma Local a través de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la nueva normativa «avanza» por un camino «razonable y racional», al tiempo que reconoció que las modificaciones «atienden y entienden las peculiaridades del medio rural de la Comunidad».

 

El consejero de la Presidencia estimó que las nuevas enmiendas presentadas por el Partido Popular hacen caso al 70 por ciento de las demandas que planteaba la Junta, si bien advirtió que todavía queda tiempo para incluir nuevas reivindicaciones dentro de todo el proceso de aprobación.

 

La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León Ana Redondo considera que las enmiendas del PP no solucionan los problemas de fondo de la normativa estatal sino que posponen los problemas sobre las entidades locales menores y sobre los servicios sociales. «Esperan a que pasen las elecciones de 2015», opinó  la procuradora.

 

Consultorios.  La inclusión de las labores de coordinación en el mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos entre las competencias propias de las diputaciones, a través de convenios de colaboración con las comunidades, evita, a juicio del portavoz de la Junta, el riesgo de desaparición de la red de 3.600 consultorios locales actualmente operativos en Castilla y León. De Santiago-Juárez cree que podrá seguir funcionando como hasta ahora, sin coste adicional. 

 

Entidades locales.  La enmienda del PP amplía de tres meses a un año el plazo para que las entidades locales rindan cuentas, tal y como pedía exactamente la Junta de Castilla y León, lo cual reduce los riesgos de desaparición de muchas de ellas.

 

Servicios sociales.  La propuesta de cambio que incluye el Grupo Popular en el Congreso afecta a los plazos para que las competencias pasen de los municipios a las comunidades autónomas. Con la nueva redacción, ese tiempo pasa de un año a dos, con la posibilidad de un tercero. A juicio del portavoz de la Junta, un periodo de tiempo adecuado porque supera el periodo de vigencia del convenio marco que existe ahora en Castilla y León, y además en ese tiempo se resuelve el plazo para la financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales. «Lo cual nos parece perfecto porque es una herramienta más para negociar», precisó De Santiago Juárez. 

 

Cree que el plazo fijado, aunque no llega a los cinco años que pedía la Junta, es razonable para «seguir trabajando» en el diseño de los servicios sociales para que no sea necesario duplicar la red Centros de Atención Social (CEAS), con la que ya hay dependiente de los ayuntamientos y sumar otra regional.