El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, invitó ayer a toda la sociedad de la Comunidad a adherirse al Pacto por los Derechos de la Infancia, como el instrumento efectivo para desarrollar los derechos de los menores, mediante su inclusión en la agenda política y social autonómica y local, su bienestar, igualdad de oportunidades, prevención y actuación inmediata en casos de riesgo para evitar pérdidas o daños irreversibles.
El contenido del Pacto, inspirado en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989, se presentó por parte de la consejera de Familia, Milagros Marcos, y del presidente de la Junta en un acto que se desarrolló en las Cortes con presencia de representantes de 200 personas del mundo de la política, instituciones, tejido social y empresarial, oneges, medios de comunicación y alumnos del colegio Miguel de Cervantes, que leyeron el texto.
Ahora el Pacto se ‘cuelga’ en la web de la Junta para que los distintos colectivos se adhieran y a todos ellos se dirigió el presidente de la Junta para que sean los primeros en sellar el acuerdo, que definió como el principio del camino para desarrollar el catálogo de derechos, necesidades, donde también figura la responsabilidad de las administraciones y de los propios menores, tanto de la Convención de la ONU como de la ley de Promoción, Atención y Protección a la infancia aprobado en julio de 2002 por las Cortes.
Herrera recalcó la necesidad de implicar a toda la sociedad en la defensa de los derechos de los menores de la Comunidad, un conjunto de 370.000, que representa el 14,5% de la población, que son «futuro pero también presente, afectado por la larga crisis». El presidente, que inició su intervención con un recuerdo de las «bárbaras imágenes» que llegan de Gaza con niños que «encarnan la inocencia» como víctimas, explicó que el Pacto, que nace desde el diálogo y consenso, se asienta en cuatro compromisos.
Planes municipales. Herrera aprovechó el acto para detallar algunas de las actuaciones y desarrollo de la ley autonómica de 2002, que calificó de innovadora, integral y avanzada. Entre 2002 y 2012 la Junta ha destinado 481 millones a políticas de la infancia, ha protegido a 5.841 menores cuando sus familias no se podían hacer cargo de sus hijos y ha atendido a 16.000 jóvenes infractores, con la aplicación de 22.400 medidas reeducativas o de inserción.
También ha tramitado 3.431 expedientes de familias solicitantes de adopción, que han dado lugar a 2.794 adoptados. En conjunto, ha intervenido en la promoción de los derechos de 41.300 niños y adolescentes y con más de 34.300 familias desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad.
Precisamente la consejera de Familia, que explicó como se ha fraguado el Pacto, aprobado por el Consejo Regional de la Infancia y presentado el Día Internacional del Niño, incidió en que tras el compromiso de la sociedad castellana y leonesa con estos principios del menor, su departamento trabajará en paralelo en la elaboración de protocolos específicos que definan más las actuaciones recogidas en este acuerdo.
COMPROMISOS
los firmantes del Pacto adquirimos los siguientes compromisos:
1. Impulsar la elaboración y desarrollo de políticas de infancia, como instrumento fundamental para garantizar que los menores de Castilla y León gocen de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás acuerdos internacionales ratificados por España, así como por el resto del ordenamiento jurídico, para el avance en los sistemas de prevención, protección e inclusión de la infancia de nuestra Comunidad.
2. Apoyar y fomentar acciones a favor de la infancia en Castilla y León:
Promoviendo el conocimiento, la concienciación y sensibilización de los derechos de la infancia entre los ciudadanos de Castilla y León, tanto niños y niñas como adultos e impulsando cambios de actitudes y valores que socaven el respeto a los derechos de los niños.
Promocionando el respeto por los derechos de la infancia que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño a través de la puesta en marcha de programas específicos de tal forma que la opinión, las necesidades, las prioridades y los derechos de la infancia formen parte integrante de las políticas y los programas de carácter local.
Impulsando que el tratamiento de la información en la que los menores sean protagonistas sea acorde con las circunstancias de los mismos, sin que se produzcan utilizaciones de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que sean contrarias a sus intereses y representen una intromisión ilegitima en su intimidad. Igualmente, se avanzará en la utilización de un estilo de comunicación que permita una mejor compresión por los menores de la información que se transmite.
Difundiendo todos los sistemas actuales de protección a la infancia para garantizar un mayor conocimiento de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que pueden afectar a la misma.
Potenciando la formación de las personas y profesionales que intervienen con la infancia, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes que repercuten en su desarrollo integral.
Garantizando a todos los niños y niñas castellanos y leoneses la igualdad de oportunidades, evitando cualquier tipo de discriminación como sujetos de derecho.
Facilitando canales de participación que contribuyan a que los niños y niñas tengan la capacidad de expresar su opinión y puedan influir sobre las decisiones que se tomen en su localidad y que les afecten.
Promocionando su participación, como ciudadanos que son, en su familia, en su comunidad y en el tejido asociativo implicado en el ámbito de infancia, en la vida social y cultural, en actividades de ocio, deportivas y artísticas.
3. Promover el desarrollo y la implementación, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, de las medidas necesarias para hacer visible a la infancia en la agenda política local.
En este sentido, además de los aspectos genéricos recogidos en el apartado anterior, es responsabilidad de las administraciones públicas el desarrollo de las siguientes medidas concretas:
Fomentar órganos estables de participación infantil, principalmente a nivel municipal.
Elaborar planes municipales y/o políticas de infancia estableciendo prioridades y metas basadas en las necesidades específicas de la infancia en cada localidad.
Garantizar que todos los niños y niñas reciben servicios básicos como salud, educación y protección sin ningún tipo de discriminación.
Impulsar medidas para favorecer su protección frente a cualquier tipo de explotación, violencia y abuso, con especial consideración a su protección frente a los riesgos en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como los derivados de su participación en las diferentes redes sociales generadas en Internet.
Impulsar políticas urbanísticas y de seguridad que les permitan disfrutar de entornos seguros.
Promocionar las actuaciones convenientes para que puedan desarrollarse en un entorno con un medioambiente saludable.
4. Acordar los principios que se deben considerar en el análisis, diseño, ejecución y evaluación de los programas de acción social orientados a la infancia de nuestra Comunidad, como complemento a los principios marco recogidos en la Convención de los Derechos del Niño:
Principio de prevención, reduciendo o mitigando los riesgos sociales y económicos que afectan directamente a la vida de niños y niñas, fomentando las políticas preventivas y reductoras de dichos riesgos.
Principio de actuación inmediata, interviniendo tan pronto como sea posible cuando los menores estén en riesgo, a fin de evitar pérdidas o daños irreversibles.
Principio de igualdad de oportunidades, moderando los efectos derivados de la crisis, la exclusión y la pobreza sobre los niños y las niñas, optimizando los recursos destinados a las políticas y servicios de familias e infancia que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad y reconociendo que las familias necesitan apoyo para que se garantice la igualdad de oportunidades, mediante:
La implementación de medidas que velen por la inclusión social de la infancia especialmente vulnerable.
El establecimiento de actuaciones concretas de apoyo a las familias, especialmente en la resolución de conflictos en el ámbito familiar que tengan repercusión sobre los niños y niñas que forman parte de esa unidad familiar.
La inclusión de la voz y la opinión de la infancia en el análisis, diseño y evaluación de los sistemas y programas de prevención y protección social.