La batalla abierta por la edil del PP en el Ayuntamiento del Valle de Manzanedo, Elena Pérez Herrero, contra el cierre de los accesos a los caminos públicos de la inmensa finca de la mercantil Fuentehumorera S.L. ha tenido ya respuesta a su favor del procurador del común, de la Junta de Castilla y León, de 300 firmas recogidas en Change.org y de 219 alegaciones presentadas en el Ayuntamiento de Manzanedo, algunas de instituciones públicas, en contra de su decisión de desafectar los caminos y otros bienes públicos para su transformación en propiedad privada y permutarlos por varias fincas rústicas. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también en respuesta a una denuncia presentada por la edil, ha decidido «incoar procedimiento sancionador contra la mercantil Fuentehumorera por las actuaciones realizadas (cerramiento cinegético afectando a varios cauces públicos) sin disponer de la preceptiva autorización administrativo de este organismo de cuenca».

La información que acaba de recibir la edil y que tuvo registro de salida de la CHE el día 17 es un frente más en este largo proceso, que también ha llegado a los tribunales y ha originado que la alcaldesa del Valle de Manzanedo, Carmen Saiz, haya sido imputada por un presunto delito de prevaricación, y el propietario de la finca, Alfonso Pérez de Andújar, por un presunto delito de usurpación de bienes públicos.

Tras una inspección realizada en marzo en la finca por técnicos de la CHE, en su informe indican la existencia de, al menos, «dos irregularidades». «La primera consiste en la interrupción de la zona de servidumbre de la margen izquierda del arroyo de Rioseco de unos 375 metros, que podría solucionarse con un leve retranqueo o con la apertura de los accesos a la finca», según señala el documento. La segunda está originada por el hecho de que existen «algunos accesos junto a los cauces públicos -el arroyo de Rioseco y otros- que, en ocasiones, están cerrados con candado impidiendo la servidumbre de paso al Dominio Público Hidráulico».

El informe hace referencia a que «permanece cerrado con una cancela automática el acceso al poblado de Rioseco, en el cual existe una antigua fuente histórica que desagua en el río Ebro tras recorrer un cauce de unos 250 metros». Las viviendas y terrenos de este poblado fueron adquiridos por la empresa Fuentehumorera S.L., pero la edil del PP litiga por los bienes públicos que se encuentran dentro de la finca, rodeada de un cierre cinegético de 19 kilómetros de longitud. Este cierre de dos metros de altura superó una evaluación de impacto ambiental simplificada hecha pública en enero de 2003, según la cual  «en ningún caso se cortará el paso de los caminos de servidumbre que atraviesan la finca». No obstante, la actual y la anterior edil del PP llevan años denunciando que los accesos a los caminos se cierran con candado, mientras que el propietario de la finca y la alcaldesa alegan que los antiguos caminos públicos están «intransitables y tienen principio y fin dentro de la propia finca», a diferencia de lo defendido por las ediles del PP.