Los miembros de la Plataforma de la N-I están mosqueados porque el Ministerio de Fomento aún no ha dado ningún paso para que la AP-1 reúna todas las prestaciones de una autovía para cuando llegue la fecha de su liberalización, en noviembre de 2018. Muchas de las nuevas conexiones con esa vía de alta capacidad sin peaje «deberían estar ya proyectadas para empezar a acometerlas en estos tres años que quedan hasta 2018», advierte Rafael Solaguren, portavoz del colectivo. Para ‘meter presión’ al Gobierno, la Plataforma va a enviar una carta a una treintena de pueblos que flanquean la Nacional para que propongan «qué accesos, salidas o puentes requieren sus municipios».

La medida tiene un doble propósito. Por un lado, explica Solaguren, debe convertirse en «un toque de atención para que Fomento empiece a mover ficha». Es realista y considera que hasta después de las elecciones generales «no se va a dar ningún paso y que será el nuevo Gobierno que se forme el que tenga el ‘marrón’ de decidir qué hace con la AP-1». Y, por otra parte, que los pueblos establezcan sus prioridades sobre su conexión con la autovía persigue que la Administración «sepa con antelación cuáles son las necesidades de los municipios».

Y es que las áreas de servicio, hoteles y restaurantes que viven del continuo paso de vehículos por la Nacional «habrán de estar directamente comunicadas con la autovía», pues el tráfico de la carretera disminuirá en gran medida con la AP-1 liberalizada. Los municipios tendrán así la oportunidad de plantear sus prioridades con suficiente antelación. Y así se intentará evitar que «ocurra lo mismo que en el caso de la A-73, donde, cuando se abrió al tráfico el primer tramo, en Sotopalacios se dieron cuenta de que todos los negocios de la N-623 se quedaban desconectados de la nueva autovía».