El pasado 27 de mayo, la empresa Nuclenor solicitó la renovación de su autorización de explotación para poder operar Garoña hasta el año 2031. La modificación del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radioactivas le permitió realizar esta solicitud sobre la que nuevamente ayer le preguntaron al ministro de Industria, José Manuel Soria, en la Comisión del área en el Congreso. Y una vez más el ministro, insistió en que «la posición del Gobierno en relación a la posibilidad o no de ampliación de la vida útil del reactor de Santa María de Garoña o de cualquier otro se hará, en todo caso, conforme a lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hará el informe de acuerdo a las exigencias existentes como a las adicionales como consecuencia de las medidas post Fukushima».
Así pues, una vez más, Soria fió el futuro de Garoña al dictamen del CSN y nada parece indicar que si el informe de este organismo es favorable a la continuidad, como lo fue en 2009, el Gobierno del PP vaya a decir lo contrario. El ministro de Industria no habló en ningún momento de la vigencia del permiso solicitado, a pesar de que Nuclenor le requirió al Gobierno autorización de funcionamiento hasta 2031, fecha en la que cumplirá sesenta años desde su enganche al sistema eléctrico, en 1971.
En su turno de réplica a la Izquierda Plural, que le interrogó sobre el futuro de la central y posibles cambios legales para facilitar su funcionamiento a largo plazo, el ministro afirmó que quienes están en contra de la energía nuclear es «por motivos ideológicos» y que «no hay una sola decisión ni en España ni en otro país que, en materia de energía nuclear, se tome en contra de lo que diga el organismo nuclear», aquí el CSN. «Si le molesta que el Gobierno se deje llevar por los criterios del CSN eso es otro tema. No nos vamos a salir de ello», añadió Soria, quien recordó que a las nucleares no se les han bajado los impuestos, sino que se les ha añadido un tributo nuevo al combustible nuclear gastado y se les aplica el nuevo impuesto a la producción eléctrica.
A preguntas de un diputado de Amaiur sobre las fisuras de la vasija de Garoña, el ministro aseguró que una reciente inspección «las ha descartado».
Fracking. La fractura hidráulica también estuvo ayer en el debate de la Comisión de Industria. A este respecto, el ministro admitió que «como cualquier otra actividad industrial, no está exenta de riesgo». «Ahora bien, son riesgos gestionables», añadió. Soria defendió que «la protección de las personas y el medio ambiente está garantizado en España por un sólido y riguroso procedimiento de evaluación de impacto ambiental que elaboran técnicos más que cualificados». E insistió en que «las investigaciones están sujetas a estrictos controles administrativos» para ver que respetan la normativa medioambiental y «esto hace que sea totalmente compatible con el respeto al medio ambiente la explotación de recursos energéticos con los que pudiera contar nuestro país».