La falta de informes frena el reparto de 1,8 millones del superávit de 2013

J.C.O. / Aranda
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La advertencia del PSOE respecto a que las modificaciones presupuestarias no contaban con el preceptivo dictamen impidió que se pudiera votar ayer en la Comisión Infomativa

Votaron a favor en el pleno los concejales de Prcal, PP, IU, CCD y UPyD, mientras que los del PSOE se abstuvieron. - Foto: DB

El equipo de gobierno del Ayuntamiento arandino deberá volver a convocar una nueva Comisión de Hacienda para intentar asignar los 1.892.000 euros de los remanentes de tesorería de 2013 que aún están pendientes de repartir y que se le están resistiendo más de la cuenta dada su situación de minoría.

 Aunque el bipartito tenía previsto haber informado ya favorablemente la distribución de esta importante parte del superávit alcanzado el pasado año en la sesión informativa convocada ayer lunes e incluso había  incluido la aprobación de las necesarias modificaciones presupuestarias en el pleno ordinario del próximo jueves lo cierto es que nuevamente quedó en el aire por la imprevisión del equipo de gobierno y, a última  hora en la junta de portavoces celebrada ayer para preparar la sesión plenaria a la alcaldesa, Raquel González, no le quedó más remedio que retirarlo del orden del día.

Si bien el concejal de Hacienda, Ángel Calvo, llegó a plantear someter a votación las modificaciones presupuestarias una vez que IU había mostrado su disposición a respaldarlas al menos en su mayoría, la advertencia del concejal socialista Eusebio Martín de que faltaban los preceptivos informes de Intervención, que no se habían solicitado, impidió que se llevara a cabo el pronunciamiento. «No se han atrevido a votar. Les he echado en cara que como son unos inútiles pasa lo que pasa y que si IU está dispuesta a tragar la inutilidad allá pena, pero nosotros no lo íbamos a dar de paso», explicó.

Yaunque la modificación presupuestaria para consignar los 482.420 euros previstos para hacer efectiva la primera cuota del dinero reclamado por la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) para regularizar la ocupación municipal de media docena de parcelas del Polígono Industrial Allendeduero sí hubiera podido votarse, puesto que sí contaba con informe de la interventora, IU planteó que se quedara también pendiente hasta que se les aclararan una serie de cuestiones, ya que, entre otras demandas exige que se les presente la última propuesta de convenio planteada por  Sepes, y que al parecer todavía no ha llegado a la Casa Consistorial.

El equipo de gobierno sí pudo dar ayer luz verde en una sesión plenaria extraordinaria a la modificación presupuestaria nº10/2014 de suplemento de crédito de aplicación de remanentes por importe de 1.388.542,33 euros toda vez que, como ya avanzó DB, en la Comisión de Hacienda había recibido el informe favorable gracias a que el bipartito contó con los votos favorables de Prcal e IU.

Una propuesta que planteaba destinar 1.291.333 euros del aval de dos millones de euros ejecutado de la obra del puente Bañuelos, con el fin de culminar la materialización de este proyecto que colea desde hace una década, consignar 88.330 euros para pagar los trabajos de revisión del Plan General de  Ordenación Urbana (PGOU) correspondientes a 2014 y un reconocimiento de deuda de pequeñas facturas de bomberos, medio ambiente y deportes por un valor total de 8.879 euros.

El único punto del orden del día salió adelante con los votos del PP, CCD, IU y UPyD, cuyo concejal Javier Ávila recriminó que no se hubiera llevado antes a pleno y sin necesidad de recurrir a una convocatoria extraordinaria.

Por su parte el grupo socialista, que en Comisión de Hacienda se pronunció en contra, cambió el sentido de su voto y se abstuvo «para que no se nos pueda acusar de obstaculizar». En cualquier caso el edil Eusebio Martín cuestionó la urgencia, indicando que se podría haber llevado al pleno ordinario de este jueves y evidenció que aunque hace un año la ejecución del aval se vendió como la inminente  solución a esta enquistada obra se ha visto demorada.

El concejal de Servicios, Javier Rojas, justificó este retraso en la necesidad que se vio de realizar una auditoría sobre el estado de las obras y lo que restaba por ejecutar «para que no hubiera problemas»