«Me siento engañada y robada. La Junta de Castilla y León ha secuestrado el archivo de mi padre». Indignada, con la paciencia agotada después de cuatro años llamando a todas las puertas, tratando inútilmente de que se atendieran sus ruegos y peticiones, María Eugenia Yagüe, hija del general Juan Yagüe, figura capital de varias décadas del siglo XX en España, está decidida a poner fin a lo que considera un «escándalo» y un «insulto» recurriendo al último cauce posible: el judicial. El caso ya está en manos de un bufete de abogados, que ahora estudian la fórmula más adecuada, aunque ella se inclina por la vía penal. El origen de esta polémica se remonta al 7 de junio de 2009, día en el que la presidenta de la Fundación Yagüe cedió el valioso archivo del general franquista a la Junta de Castilla y León, que se postuló para conservarlo y ponerlo en valor con el objetivo de que historiadores e investigadores pudieran acceder a una información inédita que podría arrojar luz a algunos de los capítulos más importantes de la Guerra Civil.

La única condición que Yagüe le puso a la administración regional fue que el depósito estuviera en Soria o en Burgos, sugiriendo el propio jefe de servicio de Archivos y Bibliotecas, Carlos Travesi, que fuese elArchivo Histórico provincial de la capital burgalesa su destino. «Y tanto yo como los patronos de la Fundación aceptamos».El acta de recepción  comprometía a la Junta los siguientes puntos: entrega de una copia de todo el archivo; la digitalización de los documentos depositados; la organización de exposiciones públicas y el acceso público para su estudio; dar facilidades especiales a la Fundación Yagüe para cualquier trabajo que ésta quisiese efectuar, como la publicación de documentos.

«No sólo no cumplieron nada, sino que enseguida comenzaron a ponernos trabas y a no dejarnos consultar el archivo», dice Yagüe. «Así hemos estado cuatro años. La directora del archivo, Juncal Zamorano, se limitaba a decirnos que recibía órdenes. La realidad es que se comprometieron a algo que no podían hacer por falta de espacio y de medios económicos».

Si esto ya fue doloroso para la presidenta de la Fundación que lleva el apellido de su padre, más lo fue saber, merced a una consulta en el Ministerio de Cultura, que el archivo había sido llevado clandestinamente a Salamanca, donde al parecer se encuentra en la actualidad aunque tampoco puede ser consultado. «No sabemos ni quién ha dado la autorización, ni quién lo ha llevado, ni con qué garantías... Nos consta que, de la biblioteca, faltan 166 libros. Para mí lo que ha hecho la Junta de Castilla y León es un robo en toda regla, con el agravante de que a mí me han engañado. Y en la Fundación nos sentimos acosados», subraya con indignación. Al margen de esta polémica con la Junta, Yagüe también mantuvo un pulso con sus hermanos por el archivo, que querían dividirlo, deseo que fue rechazado por todos los tribunales que analizaron la cuestión.

Defensa del archivo

La Fundación Yagüe mantiene una postura clara respecto al archivo del general falangista de Franco: que su valor histórico es de una gran categoría, por lo que los intereses generales priman sobre otros; que el archivo debes estar depositado en un organismo oficial o privado con el fin de poder ser conocido por toda persona que lo desee; y que la desaparición, pérdida o división de tan ingente legado crearía un daño irreparable en el mismo.

Asimismo, considera la Fundación que el archivo debe ser objeto no sólo de conservación, sino también de estudio para publicaciones futuras sobre la figura del general soriano y de la reciente historia de España.