Victoria García ha recibido dos veces ya sendas cartas de CaixaBank en las que se le indica que, para comprobar que su situación no ha sufrido ninguna variación, debe acudir personalmente antes de una fecha indicada a cualquier sucursal de la entidad y mostrar la notificación enviada con su DNI o, en su defecto, remitir el escrito junto con una fe de vida. A Pía Palacios le ha ocurrido lo mismo, pero no ha podido atender en persona el requerimiento. Victoria tiene 89 años y Pía, postrada ya en una silla de ruedas, suma 91. Ambas son compañeras en un centro de día para mayores, el Rocamador, donde son habituales estos requerimientos bancarios.
Sus hijas, María del Carmen Plasencia y Olga Luaces, respectivamente, son las que, sorteando sus horarios laborales y familiares, se ocupan de llevar a las ancianas a la cita periódica ante la directora de la sucursal para mostrar que siguen vivas y mantienen el derecho a cobrar la pensión que cada final de mes la Tesorería General de la Seguridad Social les ingresa en su cuenta corriente.
Ambas hijas, indignadas por un procedimiento que consideran «denigrante» e «innecesario», forman parte de un creciente grupo de familias que no entienden cómo un sistema tan controlado como el del cobro de pensiones permite que algunos bancos, «además de cobrar por cada trámite que realizan», «mareen» periódicamente a sus mayores por el temor a que hayan muerto sin saberlo y los hijos se estén repartiendo la pensión a sus espaldas.
Este protocolo de citaciones, que cada entidad aplica según sus criterios de funcionamiento, está regulado y es legal.La Tesorería conoce las quejas que genera e insiste en su legalidad, aunque considera que un tema que deben resolver los bancos con sus clientes.
Residencias
Pero la indignación y el cabreo salpica también a las residencias y los centros que trabajan con estos mayores dado que, según detalla Rosa Angulo, directora del Centro de Día Rocamador, si sus clientes no cumplen con el trámite en un plazo de dos meses, la cuenta por la que cobran sus servicios asistenciales queda bloqueada, algo que, puntualiza, «no viene expresamente recogido en ningún párrafo en la carta de aviso». Angulo, que elabora cada mes varios documentos de fe de vida, insiste en que se debía informar detalladamente sobre las consecuencias de no justificar que el pensionista aún vive.
Familias y profesionales añaden además que reciben un carta sin acuse de recibo -a veces llegan a direcciones en las que, por razones de edad, no viven los afectados- como tantas otras de los bancos que pueden caer en el olvido y extraviarse sin conocer los problemas que puede acarrear.
El protocolo que aplica desde el pasado mes de octubre CaixaBank, que ha recogido todos los clientes de Caja de Burgos (donde no se aplicó este control), también afecta a médicos de cabecera de los centros de salud, que suman a su saturación habitual, la confección de documentos de fe de vida para los bancos.
«No me entra en la cabeza que una entidad financiera me pregunte si mi madre está viva, y que ella, con 89 años, se tenga que ‘presentar a filas’ cuando ellos son meros intermediarios», se lamenta Mari Carmen, también viuda, que anuncia su intención de denunciar este procedimiento ante la Seguridad Social u organizaciones de consumidores.
«Es denigrante y nos están llamando ladrones previamente por si acaso», denuncia, dando por hecho de que la entidad tiene sobrados recursos para ir contra ella si se le ocurriese cometer alguna irregularidad, que no es el caso.
Desde CaixaBank aseguran que estas citaciones periódicas «son nuestra forma de trabajar para supervisar que las pensiones se perciben correctamente». Añaden que intentan aplicar este protocolo causando «las menores molestias» a los pensionistas y que si no se atiende su requerimiento se produce un «bloqueo preventivo» de la cuenta tras superar un plazo de dos meses.
Según determina la normativa, la entidad sería la responsable de devolver las pensiones cobradas de más en caso del fallecimiento del titular de la cuenta.