Desde que el pasado 21 de diciembre acabara el plazo para adaptarse a la nueva normativa, la Junta ha inspeccionado hasta la fecha el 73,28% de los alojamientos rurales que ya cuentan con el sistema de categorización por estrellas verdes. Como resultado de estos controles se han abierto solo tres expedientes sancionadores, demostrándose así que el sector cumple mayoritariamente con el decreto y que la Administración regional se ha tomado en serio que así sea.

De los tres procedimientos incoados, dos han sido calificados como leves y el tercero como graves. Los primeros tienen que ver con la exhibición de los distintivos sin cumplir las «formalidades requeridas», según explican fuentes de la Dirección General de Turismo. Sus responsables se enfrentan a sanciones que van de los 100 a los 900 euros, aunque por el momento se desconoce el importe de la multa ya que se encuentra en tramitación. Respecto al segundo, se ha iniciado por «utilizar denominaciones de la actividad que inducen a error». La penalización puede llegar a 9.000 euros.

En cualquier caso, Turismo subraya el «alto número» de establecimientos «que se encuentran dentro de la legalidad», así como los «esfuerzos» que está realizando el Gobierno autonómico para controlar la actividad. De hecho, en poco más de tres meses ha inspeccionado a 288 de los 393 alojamientos que contaban ya con sus estrellas verdes a fecha del pasado 21 de diciembre. El control se ha realizado sobre 244 casas rurales, 37 hoteles y 7 posadas.

La labor de inspección comprende la comprobación de las declaraciones responsables para la categorización del turismo rural, además de verificar aquellas denuncias que se reciben en relación con establecimientos que siguen funcionando sin estar inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León. Y es que desde la citada fecha, aquellos alojamientos que se no se han adaptado a la nueva regulación se han dado de baja en el censo y no pueden ejercer la actividad turística salvo que presenten una nueva documentación.

Hace tres meses y medio 115 hospedajes de un total de 471 contabilizados por la Junta no se habían adaptado a la nueva normativa y, por tanto, bien operaban dentro de la clandestinidad o habían cerrado sus puertas. Ahora, a los 393 que sí cumplían se han sumado otros 20 en los tres primeros meses de 2016, elevando el porcentaje de alojamientos adaptados al 87,6%. Los más recientes, según Turismo, pueden ser de nueva apertura o de quienes han actualizado sus papeles.

Esta nueva normativa tenía que estar aplicada hace más de un año, concretamente el 3 de marzo de 2015. Sin embargo, el Gobierno regional dio una moratoria para que los empresarios pudieran ejecutar las obras de acondicionamiento de sus hospedajes en aras de cumplir con la legalidad.