La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos sobre los presuntos delitos de «violencia de género, lesiones y maltrato familiar» contra una por entonces menor a la que se practicaron 13 exorcismos reconocidos por la Iglesia sigue enfangada.
De hecho, desde que la presunta víctima abandonó la tutela pública a la que quedó sometida a finales del año pasado y regresó al hogar paterno (sus padres son los principales acusados) su estado «ha empeorado muchísimo» y la instrucción se ha visto permanentemente obstaculizada, según denuncia el abogado de la acusación popular, ejercida por seis tíos de la chica, entre ellos una monja.
Tal y como ha venido contando este periódico desde el pasado mes de diciembre, la joven denunció a sus padres en agosto de 2014 y relató, primero a la Policía y meses después al propio Juzgado, cómo sus progenitores, su profesora de Religión, el párroco de Nuestra Señora del Rosario (Fuentecillas), un catequista y el sacerdote vallisoletano Jesús Hernández Sahagún organizaron, presenciaron y (en el caso de Hernández) practicaron al menos 13 exorcismos a la joven bajo el pretexto de que sufría una posesión demoníaca.
Para los médicos la niña tenía distintos trastornos del comportamiento, entre ellos anorexia, motivo por el que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, una circunstancia que, tal y como quedó probado en las testificales posteriores, todos los citados, y ahora imputados, conocían a la perfección.
Alejamiento. La muchacha quedó bajo la tutela de la Junta de Castilla y León y, a pesar de cumplir los 18 años en diciembre, continuó en el centro de una fundación en la provincia de Zamora. «Allí mejoró bastante, estaba comunicada, convivía con otras personas y hacía una vida relativamente normal», recuerda la acusación popular. Allí también volvió a tener contacto con sus padres.
Hasta que llegó el día en el que dijo que quería regresar al hogar paterno y, dado que había cumplido los 18, nada se pudo hacer por evitarlo. Aguantó menos de 24 horas en casa de sus padres antes de tener que ser ingresada de urgencia, primero, y derivada a un hospital psiquiátrico, después. «Ahora sabemos que está casi incomunicada, bajo un fuerte tratamiento y que ha vuelto a tener intentos autolíticos», continúan las mismas fuentes. Sin embargo, «sus padres sí que la ven; de hecho son casi los únicos que pueden hacerlo».
Mientras esto sucedía el Juzgado trataba de tomar declaración a los miembros de la Iglesia señalados en la causa, especialmente al exorcista. Estuvo citado, pero se adujo la imposibilidad de comparecer de uno de los abogados. De eso han pasado casi dos meses y sigue sin pisar el Juzgado. Esa ausencia se sumaba a las declaraciones de la profesora, de los padres, del hermano... En todas, como había reconocido la Diócesis mucho antes, se aceptó la práctica de los rituales pero se negaban los actos en contra de la voluntad de la muchacha.
Por su parte, la joven expuso a la magistrada que inició el caso (hoy trasladada a la Audiencia), la Fiscalía, la acusación y la defensa lo que ya había sostenido frente a la Policía. En resumen: que vivía en un ambiente familiar asfixiante marcado por un rigor religioso exacerbado y tutelado, entre otros, por la profesora, que ejercía de ‘asesora’ de la familia. También señaló que ella no quiso ser objeto de los rituales y que fue obligada a someterse a ellos.
Acercamiento. Pero lo que ha disparado la indignación de la acusación ha sido lo ocurrido en las últimas semanas. La propia denunciante se personó en el Juzgado para entregar un escrito de su puño y letra en el que trata de eximir a todos los imputados de cualquier tipo de responsabilidad penal. El texto, cuyo contenido íntegro ha podido conocer este periódico, es el que sigue.
«Alego por la siguiente causas y motivos por los cuales deseo retirar la denuncia contra los siguientes acusados (siguen los nombres de sus padres, el hermano, la profesora de Religión, el catequista, el exorcista y el párroco de Nuestra Señora del Rosario). El motivo y/o la causa por la que decido renunciar a este proceso abierto en agosto de 2014 no es otro que al darme cuenta del error que acometo en la declaración, al puntualizar ciertos aspectos que no ocurrieron en la realidad, al menos no en el modo en el que aparecen en la misma ya que estaba limitada por aspectos de índole psicológica que hacía que viese cosas que no eran realidad. Este escrito ha sido redactado de forma autónoma y sin estar sometida a ningún tipo de coacción ni limitación de cualquier tipo incluido mental y psicológico». Está fechada a 19 de mayo de 2015.
Tras recibirla, la magistrada que ahora lleva el caso ha dado traslado a las partes, que tendrán que proponer qué hacer a partir de ahora. El escrito deja escaso margen de maniobra a la Fiscalía, ya que la prueba crucial del caso era la declaración de la joven. La acusación popular, por contra, sí solicitará al Juzgado que continúe la instrucción por dos motivos.
«Aunque fue ella quien denunció, no es quien ejerce la acusación y por tanto no puede solicitar su retirada. Pero lo más relevante es que la carta, que está redactada en un lenguaje claramente jurídico y es fruto de las presuntas presiones que sufre, está escrita en un momento en el que ella está ingresada en un hospital psiquiátrico y bajo fuerte tratamiento, mientras que la declaración ante la jueza (que ratificaba la hecha ante la Policía) se hizo cuando estaba dada de alta y en condiciones mucho mejores que las actuales», explican desde la acusación.
Por tanto, su petición, avanzan, será la de continuar instruyendo diligencias y solicitar un informe médico sobre el estado de la joven en el momento de redactar el escrito, además de pedir que se tome declaración al exorcista tal y como estaba previsto.