Absuelven a la alcaldesa del delito de injurias y calumnias contra Valiente

A. Castellanos / Trespaderne
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La jueza sostiene que López ejerció el «legítimo derecho a la libertad de información» cuando explicó en el pleno los pagos de 2,3 millones realizados a cuenta al empresario desde 2005

Isabel López, alcaldesa de Trespaderne, en una imagen de archivo. - Foto: José Marcos

La alcaldesa de Trespaderne, Isabel López Torre (IM), ha sido absuelta del delito de injurias y calumnias contra el empresario de la construcción Eugenio Fernández Valiente por la titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Burgos. En su sentencia sostiene que las palabras de la regidora en el segundo pleno de la legislatura, en junio de 2011, «fueron una constatación de la realidad en cuanto a los pagos a cuenta efectuados a dicho contratista, por obras realizadas por éste desde el año 2005 mediante letras de cambio, sin previa certificación de obra» por parte de los técnicos directores de la obra. El empresario recibió 2.2950.000 euros por este sistema por las obras que fue ejecutando en el polígono industrial de la localidad.

La jueza explica que «injuriosa es la expresión que lesiona la dignidad de una persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación», pero en el caso de los datos económicos facilitados a los vecinos en el pleno, la sentencia indica que la alcaldesa ejerció «el legitimo derecho a la libertad de información» y que «la información que se trasmite es veraz». «La alcaldesa informó al pleno y a los ciudadanos de su pueblo del estado de cuentas de dicho Ayuntamiento, así como de los pagos a cuenta efectuados sin certificación de obra al querellante... por importe de 2.295.000 euros y ello pese a los problemas de liquidez de dicho Ayuntamiento», según la sentencia.

El empresario demandante reclamaba a la alcaldesa una indemnización de 25.000 euros por «los daños morales sufrido como consecuencia de las injurias dirigidas contra su persona», así como «una pena de diez meses de multa con cuota diaria de 15 euros» y además que publicará o divulgara «la sentencia condenatoria a su costa en Diario de Burgos con la misma extensión que ocupó el artículo publicado el 11 de junio de 2011 en dicho periódico». Nada de esto será así, dada la sentencia absolutoria, aunque el constructor tiene opción de recurrirla.

En ella, la juez echa por tierra el argumento del demandante, quien «dejó entrever que la gente menos formada pudo entender de otra manera la información que se dio en dicho pleno y deducir de las palabras de la alcaldesa que lo que se estaba haciendo era llamar ladrón sin decirlo al querellante, que es como la acusación empezó su informe». La juez insiste en que lo dicho en el pleno tuvo «un propósito de información sobre la actuación del anterior equipo de gobierno» y en ninguna ocasión se insultó al empresario ni se habló de su trabajo, solo de los cobros que recibió.

Pese a ello, la exedil socialista Cristina Albendea sostuvo ante la juez, como indica la sentencia, que sin ser capaz de concretar si estuvo o no en el pleno, «en el mismo se dijo que se había robado y se habían llevado el dinero del Ayuntamiento, cosa que en ningún momento se dijo, tal y como es de ver en al transcripción de dicho pleno». Por su parte, el exalcalde José Luis López (PSOE), admitió que «lo que hubo fue una crítica a la gestión del anterior gobierno», no al empresario. Asimismo, los técnicos directores de las obras, que presentaron en febrero de 2011 todas las certificaciones que acreditan los trabajos afirmaron ante la juez que «el Ayuntamiento les dio orden expresa de no emitir certificaciones de las obras, debido a que tenían problemas económicos» y que las emitieron «cuando el Ayuntamiento les requirió para ello». Eso fue pasados 6 años de pagos a cuenta.