Este burgalés de 37 años está casado y tiene dos hijos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos, experto en Derecho Civil, Penal y Mercantil. Ejerce como letrado desde hace ocho años y comparte despacho profesional con el que fuera su profesor de Derecho Procesal, Francisco José Horcajo. Es presidente de los jóvenes abogados de Burgos y de Castilla y León.

Pablo Antolín Huelín acaba de ser elegido vocal de la ejecutiva Confederación Española de Abobados Jóvenes (CEAJ) y hace un mes le nombraron presidente de la Federación de Jóvenes Abogados de Castilla y León. Arremete contra las tasas, defiende el actual modelo de colegios oficiales y rechaza modificar el modelo de Administración de Justicia.

Presidente de los jóvenes abogados de Burgos, de Castilla y León, miembro de la ejecutiva nacional de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ). ¿Qué se puede hacer desde esas instancias por los letrados que acaban de acceder a la carrera?

A nivel nacional se adquiere un rango importante porque nuestra ciudad está representada en la ejecutiva estatal. Lo que pretende la Confederación es representar abogados jóvenes, entre ellos los burgaleses. Pelearemos por los intereses de los abogados de nuestra ciudad.

¿Lo tienen difícil los letrados noveles para hacerse un hueco en este negocio?

El inicio nunca es fácil en ninguna profesión. Desde la Agrupación burgalesa y desde la Confederación siempre se lucha para que esa integración de los nuevos colegiados sea más sencilla.

¿Los veteranos les ayudan a conseguir sus primeras causas o hay mucha competencia?

La competencia siempre está ahí. Nuestras funciones pasan por proporcionar formación continua, en todos los ámbitos, a los jóvenes abogados que acaban de integrarse en la carrera.

¿Cuál es el peso de los jóvenes en la junta directiva del Colegio de Burgos?

No estamos en la junta directiva, pero el Colegio siempre cuenta con nosotros para tomar muchas decisiones. Especialmente formamos parte de la comisión del turno de oficio, porque nos lo ofreció la junta y lo aceptamos. También estamos en la comisión de formación para dar nuestra opinión sobre los cursos que se van a impartir.

¿Cómo están afectando las tasas? ¿El número de demandas que interponen ha bajado?

Las tasas son una lacra para nuestra profesión y para la sociedad. Pero para todos, no diferencio joven abogado de veterano. Uno de los máximos objetivos de la Confederación es extinguir las tasas, no volver a negociar para reducirlas mínimamente, como hizo el anterior ministro. De hecho, hemos pedido una reunión con el nuevo ministro, Rafael Catalá, para acabar con esa pésima ley.

Rafael Catalá ha prometido revisarlas, pero no eliminarlas.

Poner otro parche a esa malísima ley no acaba con el problema.  El Gobierno no quiere dar un paso atrás, una vez instauradas, porque sería reconocer un fracaso. Pero es que el fracaso fue instaurarlas. El problema para los ciudadanos sería el mismo.

Cuando ustedes informan a un cliente de que además de todos los gastos han de asumir una tasa, ¿les echa para atrás?

Por supuesto. Muchos ya conocen el problema y tener conciencia de que existen les desanima a exigir sus derechos en el juzgado.  Es una traba exagerada que limita el número de casos que llegan a los juzgados, porque mucha gente no puede adelantar esa cantidad para litigar. Se le vulnera la tutela judicial efectiva.

¿En qué jurisdicciones se aprecia más la disminución de trabajo por culpa de la tasa?

En los procedimientos contenciosos, mucho, porque hay que pagar tasa para reclamar una multa. Y en los civiles, también. A una persona a la que le deben dinero le piden más sin garantía de que va a recuperarlo. Muchas veces prefiere quedarse como está y no litigar.

Muchos de los jóvenes abogados empiezan a batirse el cobre en el turno de oficio, ¿pero merece la pena económicamente?

Hay que ser abogado de vocación para ejercerlo. Además, para trabajar en él tienen que transcurrir tres años desde la colegiación y hay que hacer bastantes cursos. A nivel profesional y personal compensa ser abogado de oficio. Evidentemente por un caso particular se cobra más.

 Pero ustedes presumen de dedicarle el mismo tiempo y recursos a un cliente y a un beneficiario de justicia gratuita. ¿No debería subir el baremo del Ministerio?

La actualización de los baremos sería bienvenida, pero el abogado de oficio no busca el lucro económico sino satisfacer una vocación y un fin social.

¿Cree que desaparecerá el actual modelo de organización judicial?

Esperemos que no. De hecho el actual ministro ha paralizado el proyecto que inició Ruiz-Gallardón. No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque tendremos que estar atentos, no sea que el hecho de aparcar esa Ley sea por oportunismo político y no por convencimiento real.

¿Es bueno alejar la Justicia de los ciudadanos de las zonas rurales?

Nunca. No puedes limitar el acceso a la Justicia a quienes viven alejados de la capital. Una persona de 80 años que viva en Villarcayo no puede desplazarse a Miranda o a Burgos para asistir a un juicio en el que le deben 600 euros.

¿Cree que la Junta debería asumir ya las competencias de Justicia?

Creo que sería lo idóneo, aunque entiendo también que el Gobierno regional no se haga cargo de ella sin la financiación adecuada. Pero siempre es mejor que la Administración más cercana vele por el funcionamiento de un servicio tan fundamental como éste.

¿Teme que el Gobierno central tome medidas que resten competencias al TSJ de Burgos en favor de Valladolid?

Esperemos que no. Confiemos en que Madrid no tome ninguna decisión que quite peso al TSJ de Burgos.

Después de 4 años de oficina judicial, ¿cree que el nuevo modelo ya está engrasado y funciona correctamente?

Las piezas estarán engrasadas pero no gira como se proyectó. Hay que inyectar más dinero, sobre todo para poner en marcha el expediente judicial electrónico, cuyo proyecto estaba íntimamente ligado a la nueva oficina judicial. Queremos aplicar un sistema del siglo XXI con medios del pasado, y así no puede ser.

Los procuradores ya están empezando a enviar escritos y demandas vía Lexnet a los juzgados. ¿Los abogados están preparados para hacer lo propio en el futuro?

Es algo tan novedoso que los juzgados y los procuradores están todavía en los inicios. Nosotros tendremos que hacer los cursos correspondientes para adaptarnos al nuevo sistema.

Se está gestando la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que prevé liberalizar en parte su profesión. Se habla de permitir la colegiación sin atender a lugar de residencia o de ejercicio habitual. ¿Está usted de acuerdo?

Nosotros peleamos por que el sistema de colegios se conserve tal como funciona hoy. Para nosotros esa Ley sería algo pésimo, porque puede facilitar el intrusismo profesional. Los colegios son los que llevan ahora el turno de oficio. ¿Quién lo dirigiría después sin riesgo a que quede en manos de los despachos más grandes, por ejemplo?