Tres semanas ha tardado en reaccionar el equipo de Gobierno de Javier Lacalle desde que el aparejador municipal que firmaba el certificado de seguridad de la plaza de toros se negara a hacerlo por la degradación de las estructuras y el consecuente riesgo de celebrar la Feria de 2013 en El Plantío. Primero se pidió tiempo para analizar el ‘informe’ (que tenía dos páginas), después se habló de un «análisis» a manos de los funcionarios que mejor conocen la plaza (funcionarios que la oposición dijo no encontrar) y, finalmente, ayer se anunció un paso en firme para, al menos, saber con certeza y sin dudas sobre la independencia del fallo cómo de grave es lo del coso.
Seis doctores de los departamentos de Ingeniería Civil y Construcciones Arquitectónicas van a someter a la plaza a un diagnóstico basado en pruebas científicas y rematado con un test de carga real. Esto es, lo que cualquiera en su sano juicio haría ante la posibilidad de que la plaza no resista el peso de 10.000 aficionados.
Eso va a ocurrir gracias a un convenio a dos bandas entre la Fundación de la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento, siendo destacable el hecho de que la UBU vaya a dedicar la ciencia de sus profesores titulares, sus recursos técnicos y sus laboratorios a cambio de un abrazo de 30.000 euros. Y sí, es un abrazo porque el proceso ni es simple, ni es rápido ni descarga de responsabilidad a quienes rubriquen sus resultados.
El proceso
El desembarco del equipo de la UBU en El Plantío es inminente. Lo primero que harán será montar andamios para alcanzar zonas de difícil acceso, analizar visualmente las estructuras y tomar muestras reales de los materiales con la finalidad de analizar, esencialmente, el hormigón y los aceros. Antes de eso ya habrán recopilado todos los informes previos y analizado la documentación existente en el Ayuntamiento para fijar los objetivos.
Posteriormente, esas muestras serán sometidas a pruebas diagnósticas que en algunos casos son idénticas a las que se utilizarían con una persona (como el TAC, por ejemplo). El objetivo es saber cuál es la resistencia de los materiales empleados en la construcción del coso, que ni por aproximación son similares a los actuales (data de mediados de los 60).
Con esos cálculos se elaborará una recreación (simulación) de toda la estructura y se le aplicarán los análisis numéricos, de forma que se sabrá cuál es la carga que presuntamente debería soportar la plaza. Pero por si la teoría falla, lo siguiente será poner esa carga física sobre la plaza.
Se hará, por tanto, la prueba de carga real que certifique que los forjados aguantan con garantías. En lugar de realizarla sobre todo el tendido (costaría unos 150.000 euros solo eso), se hará sobre el más castigado de los ocho, que se encuentra en la zona de sombra. Eso reducirá el coste de la prueba y dará una idea casi exacta del estado de todo el conjunto.
Uno de los aspectos relevantes de esta prueba es analizar el comportamiento de la estructura sometida a un esfuerzo. Los hormigones son ‘flexibles’ y las estructuras fabricadas con él adquieren una nueva configuración al recibir una carga. Eso es normal, pero deja de serlo cuando la estructura no se recupera. Es decir, cuando no vuelve a la forma original. Si eso no pasa, malo. Muy malo.
Y será entonces, y solo entonces, cuando los profesores (todos muy reputados en sus respectivas áreas de conocimiento) podrán emitir un avance de su informe que le diga al Ayuntamiento si la plaza es segura o no lo es. Pasará al menos un mes antes de tener noticias ciertas sobre el resultado de las pruebas, pero la parte buena es que serán inapelables y despejarán toda duda tanto para lo bueno como para lo malo.
Además, el grupo de científicos tiene claro lo que, no obstante, se encargó de repetirles el propio alcalde, Javier Lacalle, en una reunión mantenida en la mañana de ayer. «Haced lo que tengáis que hacer y decid lo que tengáis que decir. Si no se puede hacer la Feria no se hará». Más claro, agua.