Si bien hasta mañana lunes la alcaldesa arandina en funciones, Azucena Esteban, no ha convocado una junta de portavoces para analizar junto a los servicios jurídicos municipales y el letrado que lleva el tema el último pronunciamiento del Tribunal Supremo, adelantado por DB, que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra los autos dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que descartaba declarar la inejecución de la sentencia de ese mismo órgano de septiembre de 2001 que declaraba ilegal la ubicación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR)y obligaba a su demolición, inicialmente parece que no inquieta demasiado s los responsables municipales.
El concejal de Servicios, Javier Rojas, considera que, aunque todo apunta a que al Consistorio se le agota la vía judicial -es el tercer recurso de casación rechazado por el Supremo- para legalizar las instalaciones y tratar de evitar su derribo «por sentido común», el desmantelamiento no se llevará a cabo hasta que ya se haya amortizado por completo la planta. Un planteamiento que, estimando una vida útil de unos 20 años, prolongaría su funcionamiento al menos otros ocho años más ya que se puso en marcha en el año 2002.
«Se hizo hasta una ley con carácter retroactivo para que no nos la tirasen, casi a medida, y, desde el respeto a las sentencias y al poder judicial, creo que ningún ciudadano que tenga sentido común, puede entender que eso haya que tirarlo por cuestiones de derecho para volverlo a hacer», manifiesta.
RECOVECOS LEGALES
En cualquier caso, de cara a la ejecución de la sentencia, Rojas cree que la ley ofrece recovecos suficientes para cuando quieran tirar esa depuradora. «Habrá que hacerlo porque sea vieja y, qué casualidad, habrá que hacerla en el mismo sitio», apunta.
En este sentido el corporativo arandino esgrime el mismo argumento que utilizó la Junta de Castilla y León en el estudio de impacto ambiental que realizó, tras dar el TSJCyL la opción a legalizar las instalaciones si cumplían con la normativa actualmente vigente si bien el Supremo parece venir a cerrar esa puerta, en el que optó por mantener la EDAR actual y proceder a su legalización descartando el desmantelamiento por no tener licencia ambiental y la construcción de una nueva depuradora porque, además de su elevado coste económico, implicaría un periodo presumiblemente largo, entre la demolición y la construcción, durante el cual las aguas serían presumiblemente vertidas al río sin ninguna depuración.