Treinta y seis condenados por maltrato han evitado el ingreso en prisión al participar en el programa de rehabilitación que imparte el Servicio Social Penitenciario en la cárcel. Sin embargo, fuentes oficiales del penal señalaron que están barajando la posibilidad de formar otro grupo más con reclusos condenados por violencia machista. De llegar a formarse, se sumaría a los tres grupos con los que ya trabajan las psicólogas del centro.
Desde que entró en vigor la Ley integral contra la violencia de género, en 2004, toda condena por maltrato lleva aparejada terapia, pero la participación en el programa diseñado e impartido por Instituciones Penitenciarias hace algo más de una década depende de varios factores, aunque está dirigido a dos grandes colectivos. Por una parte, está dirigido a los condenados con penas inferiores a dos años de prisión y a quienes se les sustituye el ingreso en la cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad y la asistencia a este programa y, por otra, están los reclusos a quienes se les ha suspendido la pena privativa de libertad pasados varios años en prisión con la condición de que acudan a los tratamientos y terapias de rehabilitación.
Instituciones Penitenciarias puso en marcha a principios del siglo XXI un programa de tratamiento en prisión para condenados por delitos de violencia de género que, a grandes rasgos, se divide en tres fases: una primera de exposición de creencias personales y emociones; otra centrada en rebatir las excusas y justificaciones habituales esgrimidas por los condenados para que los participantes acaben asumiendo sus responsabilidades y empatizando con las víctimas de sus actos; y, por último, está la fase dirigida a la modificación de comportamientos para evitar nuevos episodios de maltrato.
Con el paso de los años este programa ha ido incluyendo aspectos como, por ejemplo, la relación con los hijos -víctimas colaterales de todo maltrato y muchas veces olvidadas- al mismo tiempo que se modificaban otros para incidir en cuestiones que se han considerado más determinantes que otras y que pueden redundar en una mayor eficacia y en un índice de reincidencia menor.
Este último es, de hecho, uno de los aspectos más difíciles de cuantificar o de exponer de cara a la opinión pública porque hay muchísimas ocasiones en las que los episodios de violencia de género no se denuncian y, por lo tanto, no se puede saber con certeza si un condenado por maltrato que haya asistido al programa vuelve a cometer agresiones del mismo tipo y en qué medida. En este sentido, tampoco está claro cuál debe ser el tiempo de seguimiento.
En el documento descriptivo del programa que aplica el Servicio Social Penitenciario (publicado en la serie Documentos Penitenciarios) se explica también que a estos problemas hay que añadir la dificultad para conseguir que la opinión pública perciba el éxito o el fracaso de un tratamiento determinado. Argumentan esta situación explicando que la sociedad es propensa a establecer un límite de tolerancia cero, por lo que aunque en un 98% o 99% de los casos estudiados y seguidos con posterioridad a la finalización del programa (generalmente, de 45 sesiones) en el momento en el que se registre ese 1% o 2% de reincidencia, la opinión pública solo tendrá en cuenta el porcentaje de fracaso y no el de éxito.
Sin embargo, hay otros muchos aspectos acerca del condenado por maltrato que acude a terapia sobre los que sí se han obtenido conclusiones gracias a un estudio, El delincuente de género en prisión, que se publicó en 2009 y en el que participaron una treintena de prisiones, entre otras la de Burgos.
En este documento se explica cuáles son algunas de las dificultades a las que se enfrentan los terapeutas a lo largo del tratamiento. Es, por ejemplo, el proceso que conduce a la identificación del problema que, en este caso, es el ejercicio de la violencia como forma de autoridad, presión, superioridad o resolución de un determinado conflicto. Así, se apunta que la mayoría de los internos que participaron en el estudio no negaron los hechos que se les atribuían en la sentencia, pero tendieron a minimizarlos o a justificarlos argumentando que no eran «tan» graves asegurando que ignoraban lo que les ocurrió para acabar comportándose de esa forma. También se escudaron en el consumo de drogas o alcohol, cuando, según el estudio, «en poco más de un tercio de la muestra se confirma un problema adictivo. Es decir, que, en general, no es correcto asociar maltrato de género con alcoholismo o drogadicción».
Otro aspecto significativo del programa es el proceso que conduce a una nueva consideración de los condenados sobre el maltrato. Es decir, la mayor parte de los encuestados identificaron la violencia de género con agresiones físicas, pero no con la violencia psicológica que suele anteceder o acompañar a los golpes y palizas.
En este sentido, también se aprecia cierta distorsión del concepto humillación, puesto que los internos encuestados no siempre asimilan su comportamiento con un trato vejatorio hacia la víctima. Así, estos son algunos de los aspectos que más se deben trabajar y para ello utilizan todo tipo de recursos, incluidos cortometrajes y películas como Amores que matan o Te doy mis ojos, ambos de Icíar Bollaín o El Bola, de Achero Mañas.