La tarde invitaba más a leer un  buen libro delante de la chimenea o a sentarse en el sofá arropado con la manta viendo la tele que a ponerse detrás de una pancarta para protestar por tanta corruptela y recortes. Sin embargo, cerca de 1.500 burgaleses desafiaron la climatología y salieron a la calle para hacerse oír. Convocados por Marea Ciudadana, colectivos y movimientos como la Plataforma en la defensa de la enseñanza pública laica y gratuita, Stop Antidesahucios, Marea naranja de servicios sociales, Ecologistas en Acción, partidos políticos como IU, PC o Tierra Anticapitalista y ciudadanos a título particular aprovecharon la efemérides del 23-F para protestar contra el ‘golpe de estado financiero’.

Al grito de ‘no es una crisis, es una estafa’, ‘no debemos, no pagamos’, ‘rescatan al banquero y desahucian al obrero’, ‘tu salario y tu pensión no se defienden en el sillón’ o ‘gasto militares para escuelas y hospitales’, la marea ciudadana salió de la plaza del Cid para, tras recorrer algunas calles del entorno, acabar en la Plaza Mayor, donde miembros de los colectivos leyeron un manifiesto. «La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por el propio sistema financiero especulativo y las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto a la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones están causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas». Así comenzó el manifiesto que, al igual que en Burgos, se dejó oír en el resto de capitales. Los convocantes no se olvidaron del desempleo, el ataque a la sanidad y la educación pública, los desahucios o los recortes en derechos labores y sociales... mientras afirmaban que «una sociedad justa y viable solo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados, y la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las élites financieras». Criticaron la reforma del artículo 135 de la Constitución «sin consultar a la ciudadanía» y que «supedita todos los recurso del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el  patrimonio del Estado». Finalmente se abogó por justicia social y ambiental, transparencia y democracia participativa, defensa de los servicios públicos y universales y una auditoria ciudadana de la deuda.