En el nuevo papel que deben de jugar las diputaciones, César Rico, máximo responsable de la Diputación de Burgos, mantiene que las corporaciones provinciales tendrán su utilidad en la cercanía a los municipios, cuya supresión rechaza,  y, consciente del problema de la financiación crónica de los entes locales, apuesta por reordenar la cesta de impuestos para que ayuntamientos y diputaciones reciban más del IRPF y del IAE de su territorio.

En época de crisis, con un Estado autonómico en el que se cuestiona el elevado número de administraciones y las duplicidades, ¿son las diputaciones las instituciones que pueden correr más riesgo para su permanencia?

Creo que no deben correr riesgo porque su papel es fundamental en provincias como la nuestra con una amplia dispersión poblacional y con un gran número de ayuntamientos y municipios. Lo que hay que hacer es reformarlas para salir reforzadas, precisamente, en ese juego. Coincido con mi presidente nacional en que las duplicidades no se evitan suprimiendo entidades sino asignando competencias individuales a cada una para evitar esas duplicidades.

¿Cuál debe ser su función para que sean útiles y no se las cuestione?

Lo más cercano al municipio. En parte es la propia reorganización territorial en la provincia. Hay muchas competencias que en muchos momentos se están prestando por la Comunidad que posiblemente deban de residir en las diputaciones provinciales, como son materias urbanísticas, asesoramiento, licencias medioambientales, reagrupación de municipios, mancomunidades… prácticamente todo lo que en estos momentos está en la Junta en materia de reorganización territorial. Creo que el papel de las diputaciones debe de encaminarse en ese sentido.  

¿Cuáles son las líneas rojas que considera que deben mantener las diputaciones en competencias y financiación?

Creo que en este modelo que está iniciando la Junta es de donde debe salir porque si no el Estado va a regularlo. La ordenación territorial hay que hacerlo sí o sí, bien por la Comunidad o si no seguro que habrá una normativa básica del Estado. Nadie mejor que nosotros para ordenarnos nuestro propio territorio en Castilla y León. Primero, redefinir competencias no sólo de diputaciones sino de ayuntamientos. Hay que determinar si la Comunidad debe seguir prestando o debe delegar algunas competencias y de cualquier competencia que hablemos es pieza fundamental la financiación.  

¿Es optimista sobre el acuerdo propuesto para un modelo de ordenación del territorio?

Hasta donde yo he podido participar, en el trabajo y en la información que tengo, las cosas van bien. Se están haciendo bien las cosas. El problema está luego en cómo se transcribe la letra pequeña de lo que pueda derivarse y fundamentalmente en la financiación. Las competencias en sí mismas pueden venir determinadas por ley pero luego hay que ejecutarlas. La ejecución de una competencia por muy teórica que sea genera gastos. No solamente hay que reordenar competencias sino reordenar financieramente el sistema.  

¿Cuáles serían las funciones mínimas que deberían quedar en los municipios?

Si una de las premisas fundamentales es que no se van a suprimir municipios, el Ayuntamiento es la base fundamental de cercanía con el ciudadano. Todo lo que haga referencia a conceptos individuales que no comprendan ámbitos supramunicipales, por ejemplo, el ámbito de las licencias, planeamiento urbanístico con lo que ello conlleva. Esas materias deben de residir en el territorio. Nadie mejor que un Ayuntamiento, con la supervisión y asesoramiento de la Diputación, puede hacer un municipio más cómodo para vivir con más sentido común.  

¿Cuál sería el esquema de financiación para evitar la dependencia de la administración superior?

Hay una consideración global que creo que todos los que hemos sentido el municipalismo lo hemos revindicado y es que de los fondos del Estado haya un reparto más equitativo en función de los servicios que prestan tanto ayuntamientos como diputaciones. ¿Por qué? Porque en estos momentos se ha modificado el sistema de financiación autonómico, que no ha gustado a nadie, supuestamente para incorporar nuevos fondos. Sin embargo, no se ha hablado de la financiación de las corporaciones locales. Siempre estamos planteando que haya equiparación en los fondos del Estado en lo que gestiona el Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Es decir, un equilibrio. ¿Cómo se busca? Habrá que reordenar la cesta de los impuestos. Los ayuntamientos y diputaciones tendrán que participar en mayor medida del IRPF que se paga en el territorio, de los impuestos del IAE. No se trata de subir impuestos sino de reordenar el sistema. Antes muchas competencias estaban duplicadas por varias administraciones públicas. Entonces, si indicamos que una administración deber realizar tal actividad, todos los fondos destinados deben de ir a esa Administración por lo que hay que reorganizar la cesta impositiva.  

La FRMP ha realizado una propuesta de equiparación de sueldos de alcaldes, en función de la población de sus ciudades, y de presidentes provinciales. ¿Está de acuerdo con ella?

Bueno, hay que hacer matices. Ni todas diputaciones son iguales ni todos los ayuntamientos son iguales. Si que hay una variable. Creo que podría establecerse unos márgenes y luego cada Administración adecuarse a ellos.  

¿Qué balance hace del Pacto Local suscrito con la Junta?

Ha funcionado bien. Si que es cierto que es un momento muy complicado porque siempre la financiación está detrás. En estos momentos, el Pacto Local pasará por la reordenación del territorio y por esas dos premisas: la distribución de competencias a modo de una segunda descentralización, que es lo que va a traer la ordenación del territorio; y la financiación, que es el Pacto Local. Sin financiación no se puede hablar de nada.  

¿Qué cuestiones deberían abordarse en el Pacto Local que debe empezar a negociarse?

Fundamentalmente la descentralización. Que la Comunidad siga produciendo descentralizaciones, que los ayuntamientos y las diputaciones adquieran más capacidad. Y no quiero que se entienda esto como algo en contra de las comunidades ya que tienen competencias muy fuertes, pero seguramente en competencias que afectan al territorio es lo que hay que descentralizar otra vez.  

¿Tras la reciente firma del presidente Herrera con el lehendakari vasco del convenio de colaboración en materia sanitaria, ¿cuál es el balance que se hace de este tiempo?

Positivo. Pero aquí también se utiliza mucho la demagogia. No sólo afecta al Condado de Treviño por ser un enclave dentro de otra Comunidad. Las zonas limítrofes tienen que tener el mismo contexto de convenios de colaboración. No es lo mismo un señor que vive en Las Machorras, en Espinosa de los Monteros, que está más cerca del centro de salud de Santander, hacerle venir a Burgos que es una hora de camino. La reunión que tuvieron los consejeros de Sanidad con la ministra del ramo es precisamente para la cartilla sanitaria única. Los mismos derechos independientemente de donde estemos. Valoro ese acuerdo positivamente. Si llega la tarjeta única este convenio no tendría mucho sentido pero el grueso, el enfoque, eso quedaría resuelto.