Uno de los efectos buscados por las leyes y sus correspondientes castigos es el disuasor. Evitar o reprimir comportamientos con serias consecuencias negativas para un tercero o para la sociedad en su conjunto. Pero ¿qué ocurre cuando el efecto se vuelve en contra del espíritu de la norma y de lo que disuade es precisamente de realizar una acción conforme a derecho o, peor aún, un deber ciudadano?
Como ejemplo paradigmático de este último extremo aparece la Ley 4/2015 de SeguridadCiudadana, más conocida como Ley Mordaza. Hasta la ONU alertó en su día de que el entonces proyecto normativo, junto al de reforma delCódigoPenal, «amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos» y «socavan los derechos de manifestación y expresión» en España. Pero el texto salió adelante y también el Consejo de Europa ha pedido «eliminar disposiciones que tienen el potencial de socavar la protección de los derechos humanos» con motivo de la reforma que se estudia en el Congreso de los Diputados.
Mientras, se suceden los ejemplos de multas desproporcionadas y casos que confunden a periodistas con proscritos y a ciudadanos movidos por el sentido del deber con villanos. Así le coloca a Faustino Herranz la sanción de 601 euros que ha recibido tras ser denunciado por la Policía Local de Burgos mientras se encontraba auxiliando a un herido en un accidente.
Ocurrió la noche del 1 de junio, que Tino y su mujer recuerdan por la buena temperatura. La terraza de bar De Giovanni estaba concurrida en torno a las 23.15 horas, cuando un coche y una moto de reparto chocaron a la altura del número 9 de la calle Obdulio Fernández. Tras ver el accidente, telefoneó al 112 a las 23.20 horas para informar del siniestro y pedir asistencia para el motorista. El pantallazo de su móvil demuestra que estuvo 4 minutos y 11 segundos hablando con Emergencias, primero con un operador y después con el médico.«Estaba agachado con el herido, pese a que tengo una incapacidad del 44% y me cuesta muchísimo», hasta que llegó la primera patrulla de la Policía Local y a gritos le obligó a dejar de hacerlo.«El agente me decía: ‘Que se aparte, que se aparte.Perímetro de seguridad’. Yo intenté explicarle que estaba al teléfono con el médico pero gesticulando mucho me insistió en que me retirara», detalla. «En ningún momento preguntó si había alrededor personal sanitario (o si yo lo era, no es el caso) ya que la ambulancia no había llegado todavía», añade para explicar que «la gente se arremolinó e increpaba al agente» por su comportamiento.
Tras acceder a apartarse sin ningún tipo de resistencia, sostiene; le pide el número de placa al policía, que le enseña la chapa que lleva prendida el uniforme y al tiempo le pide el DNI. Faustino se lo da y cree que ahí va a quedar la cosa. Por si acaso, toma datos de algunos de los presentes.
Después recibe una llamada del 112 para comprobar cómo ha evolucionado la situación y le intenta pasar el teléfono al policía local que se encontraba más cerca de la víctima y «de muy malos modos me contesta que él no tiene que hablar con nadie», recuerda.
A primeros de agosto, le llega una carta de la Subdelegación del Gobierno con la denuncia de la Policía Local, que se formula por infringir el artículo 36.6 de la Ley 4/2015. ‘Desobediencia o resistencia a la autoridad.Negativa a identificarse’.Una infracción grave que está sancionada con entre 601 y 30.000 euros. A Faustino le dan la opción de pagar ‘solo’ 300 euros pero él se niega y presenta alegaciones, la segunda vez acompañadas por la declaración jurada de una decena de testigos que corroboran su versión frente a la de los policías.
Estos mantienen que uno de ellos tuvo que retirarle ante el caso omiso que hizo a su orden de apartarse. Además, hacen constar en su respuesta al pliego que a la llegada «al lugar donde se encontraba el herido, no había tantas personas como testigos presenta el denunciante (4 o 5 personas), observando en las declaraciones de los testigos que presenta que son idénticas todas ellas, cambiando únicamente el nombre.Asimismo, se observa que todos ellos son vecinos de la zona o muy próximos al domicilio del denunciado, por lo que da que pensar que pudieran ser amigos o conocidos», exponen.
Esta argumentación ha colmado la paciencia de Faustino.«Es bochornosa. Están llamando mentirosos a los testigos y a mí más. ¿De dónde van a ser, de Cortes? Lo normal es que si era casi medianoche vivan por la zona».
Tras rechazarse las alegaciones y la petición de pruebas, las grabaciones de las conversaciones con el 112 y la toma de declaración a los testigos, está a la espera de que la Subdelegación del Gobierno resuelva el expediente.En caso de que la sanción se confirme, se plantea recurrir en los tribunales. «Socorrer a un herido es un deber y me tengo por una persona solidaria pero ahora me da miedo acercarme a un accidente».