En el año 1999 la Cooperativa Luis Labín remitió a sus asociados una circular en la que les ofrecía la posibilidad de invertir en un fondo de suelo cuyo objetivo era el de «la promoción y construcción de viviendas a largo plazo». 176 de ellos decidieron invertir un millón y medio de pesetas cada uno (un total de 1.584.000 euros al cambio) para adquirir tres parcelas en el paraje denominado Campo Lilaila, entre el barrio de Cortes, los accesos al Ecoparque y la parte alta del barrio del Crucero.
Se trataba, y todos lo sabían, de suelo rústico urbanizable, pero la intención era promover su recalificación para construir una vivienda unifamiliar a cada cooperativista. En total, las tres fincas suman más de 77.000 metros cuadrados. Lo cierto es que la Cooperativa hiló fino a la hora de elegir el suelo, porque son terrenos que quedan afectados por el desarrollo de un sector residencial mucho más amplio en el nuevo PGOU, lo que significa que tan pronto como se apruebe el Plan se podrán iniciar los trámites para convertir el cereal en viviendas.
Durante los años siguientes la ‘promoción’ se consolidó con 168 cooperativistas definitivos. Algunos estaban desde el primer día, otros se incorporaron conforme socios iniciales se dieron de baja. Todo en orden hasta que, en 2006, se iniciaron las primeras protestas en el seno de las asambleas solicitando que se otorgara a esta iniciativa autonomía de gestión y contabilidad separada de la matriz, la Luis Labín, a cuyo nombre quedaron inscritas las parcelas como Promoción Campo Lilaila.
La Cooperativa no admitió la autonomía de gestión y los disconformes (60 socios) iniciaron una batalla judicial que ganaron por sentencia del Juzgado de lo Mercantil en 2008. La sentencia fue recurrida por la Luis Labín y la Audiencia la ratificó reconociendo el derecho a mantener el patrimonio separado, contabilidad separada y autonomía de gestión. Sin embargo, eso no llegó a producirse y, al entrar en concurso de acreedores, el Juzgado de lo Mercantil ha metido los terrenos entre los activos de la Cooperativa, quedando quienes pagaron por ellos como acreedores individualizados.
Según la información que maneja este periódico, el pasivo exigible en el concurso asciende a 21 millones de euros, mientras que los activos se valoran en 18 millones. Sin embargo, la mayoría de esos activos son fincas, por lo que es complicado conocer su valor real y, sin tener privilegios (reservados a la Seguridad Social y los bancos), los acreedores individualizados podrían perder su inversión, o al menos una parte importante.
La dificultad en este proceso es saber cuánto valen las fincas. Ellos pagaron 1,5 millones en el 99. Tinsa los valoró en 4,9 en 2006, pero hoy es simplemente imposible calcular su valor real. Sea como fuere, una parte de aquellos propietarios se acaba de constituir en Plataforma (lo que les otorga personalidad jurídica) para tratar, primero, de convencer al juez de lo Mercantil de que separe las tres parcelas de Campo Lilaila del concurso de la Luis Labín y, segundo, reclamar contra los gestores de la Cooperativa si no lo logran.
Organizados
Así lo explican Carlos Marín, Roberto Díez y Antonio Rodríguez, presidente, secretario y vocal, respectivamente, de la Plataforma. Los tres, obviamente, son afectados y están contactando con el resto de afectados para que la plataforma alcance al mayor número de cooperativistas posible. Se consideran «timados», y así lo hacen saber en la web (www.timocampolilaila.es) que han abierto para seguir todo el proceso e informar a los que iban a ser sus vecinos.
«Tenemos que defender lo que es nuestro y lo que como tal se nos reconoció en los tribunales. Si el juez de lo Mercantil nos hace caso seguiremos adelante como promoción independiente, y si nos quedamos sin nuestro dinero o nuestra inversión, iremos a por los responsables de este timo», zanjan horas antes de acudir a una asamblea general extraordinaria de la promoción que se celebró el pasado miércoles.