Localidades del entorno de Arauzo de Salce y la comunidad de regantes del río Aranzuelo reivindican un aprovechamiento tanto piscícola como recreativo del pequeño embalse construido por la Junta en el arroyo Sinovas para regular el caudal ecológico de los ríos Arandilla y Aranzuelo, y que pretendía ampliar la zona regable de este último cauce fluvial de 251 a 1.100 hectáreas.
Ocho años después de finalizar la presa, de 26 metros de altura, y el azud, con cinco hectómetros cúbicos de capacidad, la habilitación de las nuevas zonas de riego no se ha llevado a cabo por falta de financiación para ejecutar la infraestructura para canalizar el agua hasta las parcelas. Y respecto a su función primigenia, tampoco parece muy clara ya que el verano de 2012 Hontoria de Valdearados tuvo que amenazar con presentar una denuncia ante las autoridades sanitarias, puesto que el Aranzuelo bajaba seco, para forzar a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a soltar agua desde la presa.
El alcalde de Caleruega, José Ignacio Delgado, portavoz de quienes reclaman la puesta en valor de este mini pantano -donde actualmente está prohibido el baño y cualquier otra actividad acuática- por considerar que podría ser un recurso turístico de primer orden, explica que ya han planteado a la CHD y a la Junta la creación de un coto de pesca en esta balsa. Una iniciativa en la que están interesadas algunas asociaciones de pescadores de Madrid, que invertirían para desarrollarla. «Es absurdo que teniendo un recurso natural como éste no se esté gestionando. Ya que no se puede usar para regar, por lo menos que se aproveche con fines recreativos y deportivos. Es una perita en dulce porque es un pantano totalmente cerrado y puedes controlar todos los recursos», indica.
Un proyecto que, según las estimaciones de los promotores, conllevaría la creación de dos puestos de trabajo directos como guardas, y reportaría unos ingresos iniciales a la comunidad de regantes de entre 30.000 y 50.000 euros.
Delgado asegura que ya ha hablado en varias ocasiones de esta iniciativa con el presidente de la CHD,José Valín, « y estarían encantados, porque además ayudaría al mantenimiento de la presa por parte de la propietaria, que es la comunidad de regantes».
Sin embargo, indica que las pegas surgen a nivel de la Administración regional. «La CHD dice que se requiere una tramitación medioambiental. Y el problema está en la Junta. En la Consejería de Medio Ambiente en Valladolid dicen que quien tiene que pedir la evaluación de impacto ambiental es la Junta de Burgos, y ésta dice que todavía no lo manda porque no se lo han dicho sus superiores, sus técnicos o el Sursum corda», lamenta, criticando que no sea la propia Administración la que abandere la iniciativa dado su interés social.
El embalse, que cuenta con un recorrido perimetral de 4,8 kilómetros, se ha convertido en un enclave natural privilegiado excelente para la observación de una gran variedad de aves, como atestiguan las numerosas citas recogidas en el Anuario Ornitológico de Burgos.
Según Delgado, la actividad de la pesca sería perfectamente compatible con la explotación del embalse a nivel recreativo con embarcaciones a remo, vela o pedales, pero desde luego nunca a motor, así como la habilitación de una especie de playa para el baño. Un negocio que, unido a un chiringuito, podría dar de comer a una familia. «Además de los ingresos directos para el mantenimiento de la presa, para el turismo de la comarca y para un esparcimiento medioambiental y deportivo estaría muy bien. Sería un atractivo importante, siempre planteándolo con una actividad sostenible, que generaría turismo todo el año», explica.
El líder regionalista defiende que si la balsa se pone en explotación estará más controlada y se evitará ver cómo la surcan motos acuáticas o incluso una lancha a motor recién estrenada. Asimismo, respecto a las posibles reticencias que podría suscitar la introducción de especies no autóctonas esgrime que es mejor que esté regulado «porque tal y como está ahora sabemos por la guardería medioambiental que muchos aficionados sin escrúpulos están echando cualquier especie sin ningún control, precisamente las más invasoras».
Para Delgado se podría aprovechar el proyecto de Ley de Prevención Ambiental que ha aprobado la Junta para incluir este tipo de iniciativas entre los 45 tipos de actividades para los que se ha eliminado la evaluación de impacto ambiental. «A lo mejor podría ser esa la solución», indica.