Se las prometían felices cuando escucharon hablar por primera vez de una gran urbanización en su municipio. En los años previos a la crisis, que una gran empresa plantara un cartel en tu localidad promocionando viviendas, zonas verdes, nuevas calles y parques infantiles era una bendición. Nuevos habitantes y contribuyentes. Riqueza.

Nadie pensaba entonces que la burbuja podía estallar con semejante violencia, y mucho menos que constructoras aparentemente asentadas y con experiencia estuvieran abocadas al concurso de acreedores. Pero así fue. Y algunas localidades todavía pagan las facturas de aquello. O mejor dicho, les gustaría cobrarlas.

La sombra de las quiebras de las promociones se ha hecho especialmente alargada para los ayuntamientos de Buniel y Villalbilla de Burgos, víctimas de los fracasos de los residenciales Ciudad Jardín Soto del Real y Villas del Arlanzón, respectivamente. A ambos les une la circunstancia de que las promotoras de esas iniciativas les deben mucho dinero. Y en los dos casos las cantidades rondan o superan los 800.000 euros.

El de Buniel es el más antiguo. La constructora Martinsa Fadesa fue la primera gran constructora que entró en concurso de acreedores en el verano de 2008, cuando el cambio de ciclo económico apenas se había iniciado. En la localidad del alfoz de Burgos había anunciado 1.400 viviendas, de las cuales ya había terminado o estaba a punto de acabar 300. De la noche a la mañana los operarios desaparecieron y aquello se convirtió en el icono provincial del ‘pinchazo’ del ladrillo.

El Consistorio calculó en los primeros años que Martinsa les debía más de un millón de euros en concepto de licencias de obras y la monetarización de convenios urbanísticos relacionados con aprovechamientos y modificaciones. Pero tuvo que ponerse a la cola en el listado de acreedores, cuyo primer lugar ocupan los trabajadores de la propia empresa quebrada, Hacienda y la Seguridad Social. Y los bancos, claro.

Las entidades financieras se convirtieron en las que mayor porcentaje de deuda acumulaban y hace un mes decidieron negarse a la propuesta de modificación de los convenios concursales. Es decir, no hubo acuerdo para llegar a alguna quita que permitiera sacar adelante a Martinsa Fadesa y el día 6 de marzo el Juzgado de lo Mercantil de La Coruña que lleva el caso, dictó un auto por el que se acuerda la apertura de la fase de liquidación. Es un paso más en la destrucción de la empresa. Sus responsables quedan suspendidos de la administración y gestión del patrimonio y vuelven a estar al frente de ella los administradores concursales que se habían retirado tras aprobarse el convenio en marzo de 2011.

¿Cuáles son las consecuencias para Buniel? Su alcalde, Roberto Roque, admite que aún no está muy claro. «Se supone que ahora iremos a la disolución y venta de activos, pero tenemos que esperar a que nos lo notifiquen por escrito», algo que calculan que ocurrirá en los próximos días. «A partir de ahí lo analizaremos con nuestros abogados», añade Roque.

Lo que tiene claro el Ayuntamiento es que al pueblo se le deben unos 800.000 euros, tras haber restado del millón que calculaban inicialmente «una parte del Impuesto de Construcción que hemos tenido que condonar», explica. Ahora son acreedores de tres tipos de créditos, y tendrán que comprobar en qué situación les ‘recoloca’ entre el reguero de acreedores que dejará la disolución.

Las viviendas que nunca han llegado a terminarse «son ahora de los bancos», comenta Roque, y quizás tendrán que negociar con ellos cómo acabar la urbanización que quedó pendiente, los servicios de luz o agua que debían alimentar a las viviendas si es que algún día se acaban sacando al mercado y el abono de cuestiones como la depuradora o el arreglo de la travesía que debían costear los ingresos de Martinsa.

El caso de Villalbilla

Los bancos son también propietarios de la mayoría de los pisos y chalés en el Residencial Villas del Arlanzón, ubicado en su mayor parte en el término municipal de Villalbilla, aunque hay una pequeña parte que afecta a terrenos de la capital. El regidor de Villalbilla, Teódulo Revilla, estima la deuda generada por la UTE promotora (participaban Aragón Izquierdo, Arranz Acinas y el Grupo Asuari, vinculado a la familia Antolín) supera los 800.000 euros sumando los IBI y las Plusvalías de los últimos tres ejercicios.

Revilla reconoce que en su caso, al menos, las constructoras no han dejado bloques fantasma. Los edificios que se iniciaron se han terminado y no tienen, por tanto, riesgo de vandalismo o inseguridad.

No oculta su satisfacción porque «en el último mes La Caixa (concretamente Servihábitat) ha empezado a vender bastantes», bajando los precios hasta el entorno de los 70.000 euros para viviendas de unos 60 metros cuadrados. Pero admite que también su ayuntamiento está por detrás de los bancos en el listado de acreedores y se teme que una parte de la deuda no la cobrarán.

«Estamos enviando todos los requerimientos cada año para que luego no puedan decir que no lo hicimos y que han prescrito», afirma, «y el IBI confiamos en cobrarlo porque ahí siempre hay un propietario, sea la constructora primero o los bancos después». El caso de las plusvalías, comenta, «será más difícil».

El lento camino del proceso concursal, y probablemente la pelea que le suceda en los tribunales, determinarán cuánto acaban ingresando estos dos pueblos para los que el ladrillo ha sido primero su esperanza y luego su quebradero de cabeza.