El exconcejal de IU Jesús Ojeda registró el pasado lunes en el Ayuntamiento un escrito dirigido al alcalde, Javier Lacalle, en el que reclama su derecho a cobrar el 10% del valor de tasación de la parcela de Juan XXIII que se disputan el Ayuntamiento y el Arzobispado desde hace año y medio. Es, al menos hasta donde ha podido comprobar este periódico, un hecho sin precedentes, pero apuntalado en varias leyes.

Para entender la reclamación, que podría ascender a 200.000 euros, conviene contextualizar el motivo de la ‘demanda’. En abril de 2011 se presentó en dependencias municipales el proyecto de una empresa privada vallisoletana para construir un aparcamiento subterráneo en Juan XXIII bajo un solar patrimonio del Arzobispado. Se aludió a un preacuerdo entre la Iglesia y la Gerencia de Fomento, dirigida por entonces por Javier Lacalle, bendijo el proyecto iniciándose los trámites para su materialización.

A raíz de aquello IU efectuó una denuncia pública advirtiendo que el solar no era propiedad de la Diócesis, sino del Ayuntamiento en virtud a un acuerdo de permuta de julio de 1982. A pesar de eso, se había producido en el Registro una doble inmatriculación de la parcela. El equipo de Gobierno primero titubeó y después encargó la elaboración de los informes culminados que, una vez realizados, fueron ratificando punto por punto lo denunciado por IU a pocos días de las elecciones de 2011.

Con esos informes en la mano el Ayuntamiento pidió al Arzobispado que renunciara a registrar el suelo a su nombre, pero la Iglesia consideró que tiene argumentos en el sentido contrario y prefirió que fuera la Justicia la que dictara sentencia. Y se dictó, estimando íntegramente los argumentos municipales y otorgando la propiedad del suelo a la ciudad. Y ahora sí, la reclamación.

«Premio»

Ojeda, que según explicó a DB estudió en el colegio y conocía desde niño la problemática del solar, fue la persona que indagó en el Archivo Municipal para demostrar lo que sostenía y que puso a los servicios municipales en la pista correcta para hacer lo propio. Así se recoge y certifica en la cuantiosa documentación que ha adjuntado a su escrito. Además de conocer la problemática de ese suelo concreto, su experiencia como concejal le facilitó las cosas, algo que confirma mientras explica que su demanda «es una forma de animar a la ciudadanía a que denuncie situaciones irregulares que redunden en beneficio de todo», más allá de que considere que la Ley es clara en este aspecto.

Así, se remite a la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, en la que se señala que «las personas que, sin venir obligadas a ello por razón de su cargo o funciones, promuevan la investigación denunciando la existencia de bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad pública, se les abonará como premio e indemnización de todos los gastos el diez por ciento del importe en el que hayan sido tasados en la forma prevista por esta Ley».

A más, el Real Decreto 1372/1986 que aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades Locales, recoge un premio por las mismas causas del «10% del valor líquido que la Corporación obtenga de la enajenación de los bienes investigados», señalando, y ampliando, que «si por cualquier causa la finca investigada no fuese vendida, el premio previsto en el artículo anterior será sustituido por el importe del 10% del valor de tasación de la finca que conste en el expediente».

Según la tasación elaborada por los técnicos del propio Ayuntamiento (entre otras cosas porque era necesario para fijar las costas del proceso judicial), la parcela pretendida por la empresa vallisoletana tiene un valor de dos millones de euros, lo que significaría que, si Ojeda tiene razón jurídica y así le es reconocida, bien en el Ayuntamiento o bien ante los tribunales, podría recibir un premio de 200.000 euros.