Seis años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmara la sentencia de derribo de 11 viviendas -en dos bloques de 8 y 3 respectivamente- en Villaverde Peñahorada, el Ayuntamiento de la Merindad del Río Ubierna, al que pertenece la pedanía, ejecutó ayer la resolución judicial. Las máquinas de la empresa a la que se adjudicó hace ya dos años la demolición, Excavaciones Mikel S.L., por un montante de 76.000 euros, entraron a morder ambos inmueble a primeras horas de la mañana de un día lluvioso que no por esperado, se hizo fácil de asumir para el pueblo y el propio alcalde de la Merindad, Raúl Martín Bellostas, que siguió el derribo hasta media mañana con un semblante más que serio.
Martín Bellostas aseguraba que el Ayuntamiento está para cumplir la Ley «y es lo que está haciendo», sin ocultar que atrás quedan meses de sinsabores y de hacer ‘encaje de bolillos’ para ajustar los presupuestos, no solo para contar con partida para el derribo -ya contemplada en la cuenta general de este año que se aprobará próximamente, pero que ya tiene los informes favorables-, sino por las indemnizaciones que este proceso lleva parejas y a las que la Corporación lleva unos años haciendo frente «con el esfuerzo de los vecinos y la contención en el gasto del Ayuntamiento», puntualiza el regidor, que recuerda que el municipio está obligado a pagar algo más de 1,2 millones de euros más intereses a la promotora de las viviendas, la empresa Redebur, de los que a fecha de hoy ya se han abonado en torno al millón de euros. Martín Bellostas añade que la repercusión económica de este conflicto heredado de la Corporación anterior a 2007 ha supuesto mermar las inversiones en los últimos años en el municipio, formado por 21 pedanías, e hipotecar por cinco años las arcas municipales. No obstante, el regidor manifiesta que no se han abandonado las inversiones que se han considerado necesarias gracias a las ayudas de las distintas administraciones.
DESDE 2005
El conflicto de Villaverde Peñahorada se remonta al año 2005 cuando la Corporación presidida por Francisco Gutiérrez (por Independientes de Río Ubierna), concedió la licencia a Redebur S.L. para construir dos bloques familiares, uno de 8 viviendas con entrada por la calle Santiago, y otro de 3, por la carretera de Villarcayo, con un patio interior que les comunica. La construcción en ese momento se ajustaba a la normativa urbanística vigente que permitía levantar viviendas colectivas; sin embargo, en el transcurso de las obras, la modificación de las normas subsidiarias de la Merindad dejó sin amparo este tipo de edificaciones familiares que, sin embargo, no se paralizaron.
Una denuncia vecinal posterior llevó el asunto a los tribunales que ya en una primera sentencia de 2006, las calificó de ilegales y ordenó su derribo, sentencia que fue ratificada por el TSJ y es firme desde el año 2009. El Ayuntamiento, condenado por conceder una licencia ilegal, se enfrentaba al derribo de los dos bloques de viviendas, dejando el solar como estaba antes de las obras.
La empresa promotora (cuyo responsable es primo del alcalde que dio la licencia), por su parte, realizó una reclamación patrimonial que llegó hasta el Tribunal de Cuentas de la Junta de Castilla yLeón, donde se acordó fijar una indemnización de 1.203.000 euros más intereses, de los que el ayuntamiento lleva pagados en torno al millón.
Sin soluciones
Con la llegada a la Alcaldía de Raúl Martín Bellostas, tras las elecciones de 2007, se intentó buscar alguna solución que diera marcha atrás al derribo y legalizar las construcciones poniendo sobre la mesa, incluso, algún uso municipal. Martín Bellostas reconoce que no fue posible y que en parte comprende el argumento de los abogados en el sentido de que «una rectificación de los tribunales pudiera parecer que generaba un beneficio a alguien que lo había hecho mal».
Ayer, en la distancia y mientras veía como la retroexcavadora hundía sus dientes en paredes y ventanales, reconocía sentir rabia y desesperanza. «Estamos, tanto yo como el alcalde de Peñahorada y del resto de pedanías luchando porque la gente venga a vivir a los pueblos y tenga una vivienda digna, y ver como se tiran once, parece incomprensible», aseguraba un desolado Raúl Martín, aunque inmediatamente apostillaba, que «esto viene, en todo caso, de una mala actuación, de un proceso administrativo repleto de irregularidades. Y es que las cosas que mal empiezan, mal acaban», sentenció.