La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros de Aranda de Duero considera que el objetivo irrenunciable que debe perseguir el contencioso que el Ayuntamiento y la propia coordinadora en ejercicio de la acción vecinal mantienen con las empresa Toros Ricor a raíz de los incumplimientos del contrato suscrito para la venta del viejo coso para la construcción de uno nuevo polivalente es que el Consistorio «defienda los bienes y derechos del municipio como si fueran propios y particulares».

Así lo refleja en el escrito que ha registrado en las oficinas municipales bajo el título ‘Resumen ejecutivo de nuestra intervención y propuesta’ elaborado ante la invitación que se le ha cursado a la coordinadora participar en la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo que se celebrará el próximo martes para abordar con carácter monográfico este espinoso y controvertido asunto.

Ante esta tesitura y a estas alturas del conflicto, la coordinadora considera que resultan totalmente extemporáneos, inútiles e ilegales tanto la opción de la exigencia del cumplimiento del contrato -vía que ya ha descartado la corporación municipal- como una posible negociación con el empresario para la resolución amistosa del contrato.

En su opinión la única vía posible pasa por tratar de recuperar la propiedad -reversión- y resarcirse de los daños y perjuicios, más los gastos empeñados en ello. «Solo la exigencia de recuperación y resarcimiento se ajusta, en estos momentos, a la legalidad y la conducta exigible», subraya.

Para defender esta tesitura reitera la indisponibilidad de los bienes públicos, el agravamiento de los incumplimientos desde el año 2007, como evidencian los procesos judiciales, todos desfavorables a Toros Ricor; los expedientes administrativos urbanísticos adversos a la adjudicataria -restauración de la legalidad, sancionadores, caducidad de la licencia-, los incumplimientos de las obligaciones económicas de la sociedad, la inobservancia de los compromisos taurinos o la larga lista de incumplimientos urbanísticos -aparcamiento incluido- y de las mejoras ofertadas.

A juicio de la coordinadora la inscripción en el Registro de la Propiedad, como mejor actuación de funcionario y autoridad pública en defensa de los bienes municipales hasta la fecha, impone, «implícitamente», la resolución. Asimismo advierte de que las hipotecas anotadas en el mismo registro por Victoriano del Río «demuestran la nula voluntad de cumplir o negociar lealmente con el Ayuntamiento, y de que la misma empresa ha solicitado la resolución si no se le acepta el chantaje de eximirle de hacer aparcamientos.

Así las cosas, la plataforma entiende que lo que se impone es el «urgente ejercicio de la acción judicial de resolución contractual, con reclamación de daños y perjuicios, acompañado de la aplicación de todos los poderes administrativos y solicitud de medidas cautelares que puedan apoyar y reforzar la pretensión del Ayuntamiento».