La pervivencia del Museo de la Lana -primera etapa del ambicioso proyecto del Centro de Interpretación de la Lana promovido por la Mancomunidad Ruta del Vino-Afluente Rural y única que está en funcionamiento- está pendiente de un hilo ante la drástica merma de apoyo económico de las Administraciones que han supuesto los recortes provocados por la crisis. Hasta tal punto que se ha dado un plazo aproximado de un mes para, si no cambia la situación, tomar una decisión que podría ser drástica. «Si no llega el dinero, los pueblos desaparecen. Que se cargue el banco con el edificio y que se cargue la Junta de Castilla y León», señalaron fuentes de la mancomunidad.

La situación tiene su origen en la deuda contraída hace casi un lustro por la promotora de la iniciativa, la Mancomunidad Ruta del Vino-Afluente Rural para llevar a cabo las obras necesarias para materializar el proyecto. Con un montante aproximado de 500.000 euros, supone una cantidad prácticamente inasumible para una agrupación de municipios compuesta por una docena de municipios, ninguno de los cuales alcanzar el millar de habitantes.

Lo más paradójico es que el acuerdo alcanzado en 2010 entre PP y PSOE para repartir los fondos del Plan de Convergencia otorgó dos millones de euros a este proyecto de los que, hasta ahora, no han visto nada. En este sentido, desde Ruta del Vino se explica que, de momento, dan por perdida la aportación de la Junta de Castilla y León ya que en varias conversaciones mantenidas con responsables de la Administración regional se les ha informado de que, por ahora, no es posible liberar su parte de los fondos concedidos.

Por ello, han puesto las esperanzas en el Gobierno central, hasta el punto de que a primeros de año se remitió una carta pidiendo que se les entregara la parte que les corresponde del Plan de Convergencia. Fuentes de la Mancomunidad explicaron que la entrega del millón de euros que le corresponde al Erario estatal, no solo les permitiría garantizar el funcionamiento del museo durante este ejercicio, sino que permitiría seguir desarrollando un proyecto del que apenas se ha ejecutado un veinte por ciento.

No obstante, advierten de que el tiempo de espera se agota y, de hecho, los responsables del colectivo supramunicipal del que depende esta instalación se han puesto como fecha tope el próximo mes de febrero para, en función de la respuesta que se obtenga del Gobierno central, adoptar una decisión sobre su futuro.