La investigación que el Juzgado de Instrucción 2 de Burgos abrió en el mes de agosto para esclarecer el sometimiento a al menos 13 sesiones de exorcismo a una joven burgalesa que, en el momento de los hechos, era menor de edad y estaba siendo tratada de diferentes patologías psiquiátricas, entrará en las próximas semanas en un periodo crucial para el esclarecimiento de los hechos.

Tras haber sido tutelada por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León y apartada de sus padres, está prevista la inminente declaración de la joven ante la magistrada, aspecto que servirá para decidir si el proceso continúa adelante y en qué términos lo hace. Hasta la fecha, la instructora ha considerado que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de violencia de género, lesiones y maltrato familiar», mientras que la acusación particular, que ejercen seis tíos maternos de la exorcizada, asegura que son «constitutivos de delitos de lesiones graves, trato degradante, coacciones, inducción al suicidio y violencia física y psíquica habitual».

De la respuesta que la Diócesis burgalesa dio a la publicación de los hechos por parte de este periódico el pasado mes de diciembre, quedó acreditado que tanto los padres de la niña como varios y relevantes miembros de la Curia burgalesa conocieron y admitieron la práctica de los rituales a pesar de que, según la denuncia efectuada por la joven en sede policial, ella se negó en todo momento a ser objeto de los exorcismos.

El momento procesal es ahora delicado y la última petición de la acusación, ejercida por el abogado madrileño Carlos Aguirre de Cárcer, es que se adopte como medida cautelar la «prohibición de comunicación» de la joven con sus padres, ya que, según se asegura en un escrito remitido al Juzgado, «está recibiendo presiones para dar marcha atrás en su denuncia» con la finalidad de que «se desdiga o se niegue a prestar declaración, en la esperanza de que con ello la jueza instructora ordene el sobreseimiento de las actuaciones».

Declaraciones. Previamente, la acusación había solicitado también que se impute y se tome declaración a la exprofesora de religión de la muchacha, así como al cura de la parroquia burgalesa de Nuestra Señora del Rosario, señalado en todo momento en la denuncia como un eslabón clave en las prescripciones de índole religioso que recibían tanto la familia como la afectada. Días después, se solicitó igualmente la imputación del exorcista que practicó los rituales, identificado como el exorcista oficial de la Diócesis de Valladolid, Jesús Hernández Sahagún.

Por último, se ha pedido también a la jueza que recopile todos los informes clínicos y médicos que existen sobre las diferentes patologías de las que había sido tratada la menor, entre las que figura un intento de suicidio posterior a un primer exorcismo realizado en Madrid (siempre según la denuncia) y previo a las 13 sesiones ejecutadas en Valladolid.

Hasta la fecha, la postura del juzgado ha sido la de postergar las imputaciones hasta recibir declaración de la denunciante, si bien se urgió el pasado mes a un forense para que examinara el estado de la niña y explicara si existe algún motivo sostenible por el que la Junta, que ejerce su tutela, se negara a que prestara declaración en dos señalamientos anteriores.