Una administración «más racional, más eficaz y eficiente», que funcione mejor y de una «manera más barata». Es el objetivo que persigue el Gobierno con el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), que incluye medidas de racionalización para adelgazar la estructura del Estado. El cálculo del ahorro ronda los 37.700 millones de euros hasta 2015, que es la fecha prevista para la implantación de un plan que hace especial hincapié en la reforma de la administración local y en el adelgazamiento del empleo público. La mitad de ese importe vendrá de la mano de los menores gastos de personal y que ya se aplican desde 2012 con la tasa cero de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas.

A falta de que todas esas medidas se concreten en la práctica, de momento solo la administración local aplica el principio tan repetido de ‘Una administración, una competencia’. Es la única que, con la crisis económica, va haciendo sus deberes y cumple con la racionalización de la oferta de servicios.  Los ayuntamientos de la provincia, y en menor medida la Diputación, son los que acumulan el mayor descenso de personal público.  

El Boletín Estadístico del Personal, que publica de forma periódica el Ministerio de Hacienda, recoge que el conjunto de la administración en Burgos cuenta, a enero de 2013, con un total de 23.287 trabajadores entre funcionarios, laborales, interinos, eventuales y contratados. Son 1.486 menos que hace año y medio, pero casi todo ese recorte corresponde a la administración local (-1.134). La Junta de Castilla y León en Burgos apenas rebajó su nómina de empleados desde julio de 2011 en 274 personas, mientras que la administración central lo hizo en 165 empleados.

La previsión es que el esfuerzo de los ayuntamientos vaya a más, sobre todo después de la anunciada Reforma de la Administración Local, que refuerza el papel de las diputaciones provinciales, ya que podrán coordinar determinados servicios. Además, los ayuntamientos estarán obligados a publicar lo que cuesta cada servicio público y tendrán que decidir si se mancomunan o concentran servicios en la Diputación.

El recorte del personal público en los ayuntamientos de la provincia es, en solo año y medio, un 21%, hasta los 4.132 trabajadores. Pero se trata de un número escaso en comparación con el grueso de empleados que acumula la administración regional. La Junta suma en Burgos 11.419 empleados públicos, el 49% del total. Es, sin duda, el mayor empleador de la provincia, porque gestiona la gran parte de los servicios públicos, tras las transferencias. Frente al considerable porcentaje de descenso en la administración local, la regional solo experimentó desde verano de 2011 un bajada del 2%. Similar es la caída en la Administración General del Estado, hasta los 6.657 empleados. El apartado de Universidades (que incluye  la UBU y la UNED a distancia) cuenta con 1.079 trabajadores y es la única institución que aumenta el personal en el último año y medio. El boletín recoge que hay 87 personas más.

Sorprende que el mayor recorte proporcional en la administración regional en Burgos recaiga en la sanidad pública y, sobre todo, en la educación. En cambio, es menor en los servicios centrales de la Delegación Territorial y entre el personal administrativo.

Sanidad y Educación

Sanidad y Educación (entre Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad) suman más de 10.000 trabajadores. Es decir, que 43 de cada 100 efectivos están en estos servicios básicos que dependen de la Junta de Castilla y León, por lo que se hace difícil realizar recortes en este tipo de plantillas. Y más aún en una provincia tan extensa y con núcleos de población tan dispersos. Las instituciones sanitarias, según el boletín del Ministerio de Administraciones Públicas de enero pasado, emplean a 5.024 personas mientras que el sistema educativo -excluyendo la UBU- tiene 3.935 trabajadores.

La Consejería de Educación sacrificó el curso pasado a interinos, además de no reponer las jubilaciones o las excedencias. En el caso de Sacyl, apenas se cubren las bajas laborales por enfermedad o los permisos y solo algunos periodos de vacaciones.

Si nos remontamos a julio de 2007, cuando aún no había crisis, el total de funcionarios en nómina en la provincia ascendía a 23.704 personas. Seis años después, y con una recesión que no ha tocado fondo, hay solo 400 empleados menos. Es un porcentaje ínfimo en comparación con el incremento del paro en el sector privado en ese mismo periodo.

A nivel nacional, el mayor recorte de personal entre los empleados públicos ha recaído en las autonomías. La reducción de funcionarios y otras categorías entre las Comunidades en el último año ha sido de 44.500 personas. Ha habido esfuerzos importantes entre la Región de Murcia, con un descenso de hasta el 10%, seguido del 6% de Andalucía. En total, España cuenta con 2,5 millones de empleados públicos, 22.000 más que a inicios de la crisis.

En Castilla y León, el descenso del personal es del 2% en el último año y medio y la plantilla de la Junta en el conjunto de la región, a enero de 2013, se sitúa en 85.671. Una gran parte (19.000) trabaja en Valladolid, donde están todas las consejerías. En la región, todo el personal público alcanza las 164.221 personas, 4.000 menos que en 2007. En comparación con otros territorios, Andalucía (470.000), Madrid (406.000) y Cataluña(307.000) ganan por goleada, algo comprensible por el peso poblacional.