El Consejo Consultivo de Castilla y León ha declarado nula de pleno derecho la factura de 460.000 euros que la empresa T-Systems reclama al Ayuntamiento por unos trabajos que realizó fuera de contrato de gestión tributaria.

El vicealcalde y portavoz del equipo de Gobierno calificó de «buena noticia» esta nulidad y avanzó que se continuará con la tramitación administrativa para solucionar este problema. El dictamen del Consultivo deberá ser aprobado por el Ayuntamiento en una Comisión de Hacienda y posteriormente en un Pleno. «La declaración de nulidad significa que el acto nunca ha ocurrido. Y una vez que superemos todos los trámites significará que esa factura nunca se habrá aprobado en el ayuntamiento al ser declarada nula de pleno derecho», indicó Ángel Ibáñez. 

 La polémica factura se presentó en diciembre de 2009 y se incluyó «por error» en la Junta de Gobierno del 31 de diciembre de 2010 a pesar de no haber seguido los trámites adecuados para modificar el contrato con la empresa y darla validez.

Ibáñez recordó que de las arcas municipales no han abonado ni un euro y desde el mismo momento en el que se detectó la irregularidad se iniciaron los procesos para su anulación.

No obstante, a partir de este momento la empresa podría pedir el resarcimiento por daños y perjuicio si considera que se han vulnerado sus derechos y el Ayuntamiento arbitrará el correspondiente expediente para ver qué parte de los trabajos tiene que abonar. «Era un contrato de 200.000 euros para la ejecución de programas informáticos que fue ejecutado parcialmente y luego se presentó esta factura como ampliación de los trabajos. Los técnicos no dieron su conformidad a la misma porque no quedó justificada convenientemente y a fecha de hoy no se ha abonado nada ni por el contrato ni por la factura nula. Hay trabajos que sí se han ejecutado y el Ayuntamiento puede reconocer, en su caso no descartamos que se pague la parte que fue hecha. Lo importante es que la factura objeto de controversia no se ha pagado y con la declaración de nulidad se desarman los argumentos utilizados por la oposición contra mi persona», añadió.

 

el hecho se produjo. El concejal de Izquierda Unida, Raúl Salinero, aseguró que aunque el Consejo Consultivo declare nula la factura, lo cierto es que Ibáñez la «dio de paso». «Los técnicos no certificaron la factura y el único culpable de intentar aprobarla es él», subrayó.

IU llevo el asunto a los tribunales y acusó al entonces concejal de Hacienda de haber cometido los «presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, «estafa y falsedad documental».