La situación de inestabilidad económica por la que atraviesa Bacalao Gaytán desde hace más de un año ha llevado a la empresa a solicitar un preconcurso de acreedores. Esta figura legal concede tres meses de plazo para llegar a acuerdos de refinanciación de la deuda y transcurrido ese tiempo, si continúa la situación de insolvencia, existe la obligación de declarar el concurso.

Actualmente en la planta del polígono de Lantarón trabajan 28 personas, después de que cinco solicitaran en los últimos meses su despido por la vía judicial alegando incumplimiento en el pago de las nóminas.

La falta de liquidez ha impedido que la empresa se ponga al día con la deuda salarial acumulada con la plantilla y que aproximadamente equivale a cuatro salarios más la paga extra de julio, y los trabajadores están cobrando a día de hoy, en muchas ocasiones, a plazos.

Sin embargo el principal escollo para la continuidad de la planta es la deuda que mantiene con los bancos, a pesar de que se ha incrementado el volumen de ventas. «El análisis de las cuentas refleja que con la actividad actual la empresa es rentable; el problema es el dinero que se debe», asegura Roberto Pardo, secretario federal de Industria de ELA, sindicato con mayoría representativa  en el Comité.

Por este motivo, el futuro de Gaytán depende de los acuerdos que pueda alcanzar con las entidades financieras antes de octubre. «Si le inyectan liquidez y logra refinanciar la deuda, los números dicen que hay viabilidad», apunta Pardo, quien espera que la voluntad de pago expresada por la empresa permita afrontar en mejor disposición las negociaciones.

«Se ha quitado 720.000 euros de deuda en dos años, y aunque la cantidad que falta de cubrir es alta, quizá a los bancos les interese ampliar los plazos», señala el representante de ELA, quien espera que se pueda evitar un concurso de acreedores que dejaría contra las cuerdas a la plantilla.

Incertidumbre

La declaración del preconcurso ha sido acogida con incertidumbre entre los trabajadores, que en el último año han protagonizado incluso paros parciales para reclamar por su situación. Ante la falta de un calendario de pago concreto y en base a los problemas financieros existentes, en los últimos meses cinco empleadas han solicitado finiquitar su vínculo laboral por la vía judicial alegando incumplimiento de contrato.

En algunos casos se ha acordado una indemnización con pagos diferidos pero sobre la empresa pesa también una ejecución de embargo por parte de una trabajadora. La misma, al igual que las del resto de acreedores, queda suspendida durante estos tres meses, lo que no implica que otros empleados puedan acogerse al mismo procedimiento para extinguir su relación laboral. «Durante la fase de preconcurso no se puede embargar a la empresa pero sí demandar», aclara Óscar Fernández Solar,  abogado de  la ciudad que mantiene abierto el procedimiento de ejecución contra Gaytán, «por lo que no existe límite legal  para que cualquier trabajador solicite la extinción indemnizada del contrato con pago de las nóminas adeudadas», concluye el letrado.

La declaración de preconcurso tampoco exime a la empresa del pago mensual de los salarios, aunque la dirección de momento no ha garantizado poder hacer frente a los mismos. Si el proceso actual condujera en caso último a la liquidación de la histórica planta, el objetivo mínimo que se plantean los representantes sindicales es que la deuda con la plantilla no se incremente en este tiempo, ya que «hasta cuatro meses son cantidades que se podrían cobrar a través de Fogasa», admite Pardo.

Desde la empresa siempre se ha manifestado la voluntad de encontrar fórmulas que permitan reflotar la firma, como la venta de unos terrenosen Las Matillas. En su día incluso se llegó a plantear el canje de la deuda por acciones a los empleados, opción que fue rechazada de forma unánime. Ahora tiene tres meses para garantizar la viabilidad a medio plazo de una fábrica referente en el sector.