El proyecto de ley de medidas sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, incluye como uno de los aspectos más relevantes la implantación de una declaración responsable que sustituirá a la licencia urbanística en las actuaciones consideradas menores. En sintonía con la legislación europea, la licencia urbanística se reserva para obras importantes, mientras que para el resto se pone en marcha un acto administrativo «más sencillo» que beneficia a los ciudadanos y agiliza la tramitación, pues la licencia puede tardar varios meses en recibir la autorización.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, explicó que esta norma apuesta por una ciudad «compacta» y favorece el desarrollo sostenible, además de avanzar en la simplificación de la tramitación administrativa.
Silván manifestó la intención de la nueva ley de hacer «más vivibles» los barrios, favoreciendo un crecimiento urbano compacto, en contra de áreas urbanísticas en la periferia, y las actividades de rehabilitación, regeneración y renovación de las ciudades, en las que reside el 51 por ciento de la población, garantizando su movilidad desde la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Además de favorecer el desarrollo sostenible y hacer unas ciudades más ‘habitables’, el consejero destacó sus aportaciones para una gestión administrativa más eficaz y eficiente que redunde en beneficio de las personas. Asimismo, pretende impulsar el empleo en el sector de la construcción mediante la rehabilitación, pues se estima que «por cada millón invertido en esta actividad se generan 55 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos», indicó Silván.
«El crecimiento urbano se va a orientar a completar las tramas urbanas existentes», según expuso el consejero de Fomento, quien añadió que «no tiene sentido hacer a dos kilómetros del núcleo de población un desarrollo urbanístico porque no tendrá equipamientos ni servicios o infraestructuras». Es decir que la nueva ley fomenta la ciudad consolidada frente a la dispersión por lo que supone de optimización de servicios. En este sentido, aseguró Silván, «los interesados deben demostrar la viabilidad de los terrenos clasificados en su día como urbanizables pues, en caso contrario, retornaría a suelo rústico».
Otra de las novedades que introduce esta normativa es el cambio en la tramitación de los proyectos que sean declarados de interés regional por la Junta. El consejero explicó que, en coherencia con las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, se recoge que los citados proyectos sean tramitados mediante decreto y no por ley como se hacía hasta ahora. Este cambio supone la derogación de un artículo de la Ley de Ordenación del Territorio que así lo recogía.
Finalmente, Antonio Silván manifestó que «uno de cada cuatro castellanos y leoneses reside en barrios construidos entre los años 50 y 70 del siglo pasado que han envejecido a lo largo de los últimos años», por lo que es objetivo prioritario la actuación en esas zonas conocidas como ‘espacios urbanos vulnerables’. Se trata de áreas urbanas que sufren procesos de abandono, degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado o donde un porcentaje mayoritario de la población está en riesgo de exclusión social por razones de desempleo, edad, insuficiencia de ingresos, personas con discapacidad y otros factores de vulnerabilidad social.