Algo más de un año ha tardado en caer Enrique Pérez Gómez, que huyó de Burgos y de España después de que la Audiencia Provincial le condenara a él y a su hijo a 6 años de cárcel por forzar a una mujer boliviana a la prostitución. El que fuera dueño del club Siroco, en Villamayor del Río (al lado de Belorado), ha sido detenido por la Policía Militarizada del Estado de Goiás, en Brasil, en una pequeña localidad, Niquelandia. ¿Qué hacía en el país sudamericano? Reclutar mujeres para trabajar en clubs de alterne españoles.

Agentes de la Policía Militarizada acudían a la residencia en la que vivía el burgalés para investigar la denuncia de que un grupo de personas que advertían de que «los últimos cuatro días su casa había registrado un flujo muy intenso de mujeres jóvenes». Pérez se identificó a los investigadores como un empresario del ramo de la construcción civil y dijo que su esposa era propietaria de un club para bailarinas en España.

Cuando los policías verificaron su documentación descubrieron que el ciudadano español era buscado por la Interpol y que había emitido dos órdenes de arresto por tráfico internacional de personas para fines de explotación sexual, así como por asociación para delinquir. También tenía una orden de captura expedida por la Justicia brasileña por los mismos delitos, que permitió su inmediata detención.

Una de las mujeres que estaban en el lugar de la detención declaró a la policía que había sido reclutada por el detenido para trabajar en España y obligada a prostituirse junto con otras brasileñas, de las que dijo que «eran muy maltratadas». La misma testigo aseguró que se tuvo una relación sentimentalmente con el detenido y que tuvo una hija con él. España ya ha sido informada de la detención y ya puede solicitar su extradición.

Enrique Pérez Gómez huyó con su hijo Aaron a Brasil entre febrero y marzo del año pasado. Se deshicieron de su negocio y pusieron tierra de por medio con el fin de no ingresar en prisión. Su futuro era más bien negro, pues de ingresar en la cárcel no les iba a librar ni un milagro. La Audiencia Provincial les había condenado a 6 años de reclusión tras el juicio celebrado en febrero de 2013, por un delito contra los derechos de los extranjeros (forzaron a una mujer boliviana a la prostitución). Pero es que debían comparecer en abril de ese mismo año ante el mismo tribunal, acusados también de promover el tráfico ilegal de inmigrantes con ánimo de lucro y engaño. Nueve años de prisión solicitaba la Fiscalía en esa ocasión. Pintaba en bastos y tomaron las de Villadiego.  La Audiencia, por tanto, dictó una orden de detención internacional contra ellos.

El 20 de marzo de 2013, el tribunal provincial celebraba una vista ante la petición de la Fiscalía de que entraran en prisión, una vez conocida la sentencia del primer juicio y que se enfrentarían a otro proceso al cabo de 20 días. Los condenados no fueron. Sí sus abogados, quienes alegaron haberse enterado del fallo pocas horas antes y que había sido imposible hablar con ellos. Los jueces de la sección Penal decidieron no encarcelarlos, sin la imposición de fianza alguna ni la retirada del pasaporte para quedar en libertad.

Así que aprovecharon que estaban en la calle para dar la espantada. La exmujer del dueño, Sonia Alves, también imputada en el proceso por el que fue condenado su exmarido, fue declarada en rebeldía tras no acudir a la vista. Algunos de los testigos señalaron que se había ido a Brasil.

Durante el juicio de febrero de 2013 quedó probado que Pérez pagó el billete de avión a la mujer que denunció los hechos. Al llegar a Madrid, el 20 de septiembre de 2006, acudieron a por ella y la trasladaron directamente a Villamayor. Allí, el propietario le dijo que debía prostituirse. Sin embargo, ella huyó del local y denunció los hechos tras ser recogida por un camionero.